Altamira: quincenas convertidas en taquilla
En Altamira la solidaridad comienza en casa… pero no en la del alcalde Armando Martínez Manríquez, sino en la de sus familiares.
El nuevo escándalo que sacude al ayuntamiento es indignante: trabajadores municipales obligados a comprar boletos para una función de boxeo organizada, nada más y nada menos que por el yerno del presidente. La orden fue clara: dos entradas de 250 pesos por cabeza. Si no alcanzaba para “cooperar”, no había problema… se los descontaban directo de la quincena.
¿Así se gobierna en Altamira? No con proyectos, no con obras, sino con quincenas transformadas en caja chica para financiar caprichos familiares. El abuso raya en lo grotesco.
Los testimonios de empleados son demoledores:
“Nos obligaron a tomar dos boletos, y si no, nos los descuentan”.
“Muchos apenas ganamos 2,500 pesos; con esto nos quedan 2,000”.
Como si la sangría no fuera suficiente, el ayuntamiento también impuso un “aporte forzoso” de 200 pesos al Teletón. Caridad obligatoria disfrazada de solidaridad.
El retrato de un gobierno que usa a sus propios trabajadores como clientela cautiva y que convierte la nómina en taquilla. Lo que en la calle se llamaría extorsión, aquí se viste de “invitación institucional”.
En el argot popular se le dice “culero” al abusivo que se aprovecha del débil. Pero lo del alcalde de Altamira es otra categoría: el de quien convierte el poder público en promotora de box y a los empleados en rehenes de la quincena.
Mientras tanto, Altamira sigue esperando un gobierno que gobierne. Que invierta en servicios, en seguridad, en obra pública… no en boletos ni colectas disfrazadas.
La conclusión es clara: en Altamira, el ring no está en la arena de box, sino en la propia presidencia municipal. Y ahí, los únicos que siempre pierden la pelea… son los trabajadores.
El gusano que devora la esperanza ganadera
Cuando parecía que el horizonte se despejaba para los ganaderos del norte, la realidad volvió a golpear con fuerza. El brote de gusano barrenador detectado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, derrumbó de golpe las expectativas de reabrir la exportación de ganado hacia Estados Unidos.
El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela, lo dijo sin rodeos: “Estábamos cerca de lograrlo, pero con esto, definitivamente ya no. Son malas noticias”. Y vaya que lo son. No se trata de un problema aislado, sino de un mazazo directo a un sector que ya venía arrastrando incertidumbre, pérdidas y promesas incumplidas.
La frontera sigue cerrada, el USDA mantiene su veto a la importación de ganado mexicano y ahora la amenaza sanitaria se coloca a solo kilómetros de Tamaulipas. Aunque en la entidad no se han detectado casos, la desconfianza basta para sembrar pánico en el mercado y frenar cualquier negociación.
El golpe no es menor: la ganadería no solo mueve miles de millones de pesos, también sostiene la economía de familias enteras en el norte. Cada cierre, cada restricción, cada alerta significa animales sin valor de exportación, estancias repletas y productores al borde del colapso.
Lo que debería preocuparnos es la fragilidad del sistema sanitario. Si una sola detección en Nuevo León basta para poner en jaque a toda la región, queda claro que la estrategia de prevención ha sido débil y que las promesas federales de blindar al sector quedaron en discurso.
Hoy los ganaderos de Tamaulipas vuelven a estar atrapados en la incertidumbre: sin acceso al mercado internacional, sujetos a reglas que se deciden fuera del país y con un gobierno federal que no ha sabido dar certidumbre.
El gusano barrenador no solo devora ganado. Devora confianza, inversiones y el ánimo de un sector que ya no resiste más golpes. Y lo peor es que el costo no se mide en cifras técnicas, sino en familias enteras condenadas a sobrevivir entre la crisis y el abandono oficial.
