La gran prueba del Tribunal de Disciplina Judicial
El Poder Judicial de Tamaulipas vive un momento inédito. Por primera vez, una nueva generación de jueces y magistrados llega con el respaldo ciudadano, surgida de las urnas y legitimada en la voluntad popular.
Se trata de hombres y mujeres que no aparecieron de la nada: la mayoría tiene experiencia en la carrera judicial, en los pasillos de los tribunales, en el litigio diario o en responsabilidades dentro del servicio público.
El relevo genera expectativa porque representa un corte histórico con prácticas del pasado.
El reto no es menor: el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tendrá que demostrar desde el inicio que no será un órgano decorativo, sino la instancia que ponga límites y orden en la impartición de justicia. La ciudadanía espera que sea la garantía de un sistema transparente, sin impunidad ni favoritismos.
Y precisamente, casi sin haberse acomodado en sus nuevos asientos, ya tienen sobre la mesa un caso que sacude al sur del estado.
La jueza federal Nora Victoria Bonilla Marín ordenó devolver la patria potestad de una menor a su madre, Gabriela Bujanos Salazar, tras determinar una violación grave a derechos humanos y al interés superior de la niñez.
La resolución es contundente: suspensión definitiva, notificación inmediata a la jueza Roxana Ibarra Canul —titular del Juzgado Tercero Familiar— y restitución bajo estrictas medidas de protección.
No se trata de una orden más. El fallo obliga a garantizar la integridad física, emocional y moral de la menor, y a que los DIF de Tampico y Madero acompañen el procedimiento con protocolos libres de violencia.
El antecedente no es menor. El caso nace del operativo del 29 de agosto, cuando Alejandro Ávila Limas irrumpió en un domicilio con policías y personal judicial para arrebatar la custodia de la menor, sin supervisión del DIF.
La delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lo confirmó: la intervención careció de acompañamiento institucional. Y la diputada Lucero Deosdady Martínez ya había pedido investigar a la jueza Ibarra Canul, señalada por al menos seis irregularidades en juicios de custodia.
Aquí es donde el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial enfrenta su primera gran prueba. No se trata de un asunto menor ni de una pugna doméstica. Es un caso que exhibe la fragilidad de los procesos familiares en Tamaulipas y que cuestiona directamente la actuación de un juzgado local.
La jueza Bonilla Marín recordó lo obvio pero olvidado: los jueces tienen facultades excepcionales para aplicar principios procesales que garanticen el interés superior de la niñez. Eso significa que ya no hay margen para excusas ni justificaciones formales.
La llegada de este nuevo Poder Judicial no puede quedarse en la retórica de la refundación. La primera lección será demostrar que en Tamaulipas la justicia no se tuerce en los tribunales familiares y que la disciplina judicial no es un eslogan, sino una realidad que se aplica con firmeza.
El reto es monumental: probar que la nueva generación vino para hacer justicia, no para repetir vicios del pasado.
El desafío de Américo
El mensaje de Américo Villarreal Anaya, al cumplirse tres años de gobierno, dejó en claro que Tamaulipas tiene rumbo y que la transformación ha echado raíces.
El gobernador habló de logros concretos: la reducción histórica de la pobreza y la salida de 50 mil personas de la pobreza extrema, avances que lo colocan como referente nacional y que —en un país desigual— son motivo de reconocimiento.
Pero sería un error reducir el balance a un festejo triunfalista. En esta mitad del sexenio no todo está concluido y la herencia del saqueo panista sigue pesando. Basta recordar que varios exsecretarios del pasado gobierno enfrentan procesos judiciales por corrupción.
Ese lastre, sumado a la obstrucción legislativa que bloqueó reformas durante los primeros dos años, retrasó el arranque de proyectos estratégicos que hoy apenas comienzan a dar resultados.
Lo que sí es claro es que el liderazgo de Américo se consolidó con paciencia, voluntad y trabajo. Dejó atrás la narrativa del arranque difícil y ahora se planta frente a los tamaulipecos con hechos: carreteras en construcción, hospitales en proceso, inversión privada y federal alineada al Plan México y un futuro inmediato que lo obliga a entregar más resultados que discursos.
El “campeón de los logros”, como lo llamó al referirse a la reducción de la pobreza, es un hito que marca diferencia con el pasado.
Sin embargo, no basta con cifras: la exigencia ciudadana es que los programas sociales se traduzcan en movilidad social real, en empleos de calidad y en oportunidades para quienes aún esperan la mano del Estado.
La segunda mitad del sexenio es la más complicada. El bono democrático se agota y el juicio ciudadano será más severo.
Américo llega con el respaldo presidencial de Claudia Sheinbaum y con proyectos que pueden redefinir al estado: el corredor del Golfo, el tren Saltillo–Nuevo Laredo, la consolidación de puertos y la segunda línea del acueducto. Pero los tamaulipecos no quieren anuncios, sino obras terminadas y funcionando.
El gobernador prometió que “mi compromiso con Tamaulipas no tiene límites”.
Hoy tiene la oportunidad de demostrarlo con decisiones firmes, más allá de la inercia burocrática. Si los primeros tres años fueron de siembra, los próximos deben ser de cosecha.
La historia será implacable: o consolida a Tamaulipas como plataforma de desarrollo y justicia, o se quedará en la lista de gobiernos que prometieron mucho y cumplieron a medias.
Porque sí, vienen tiempos mejores con Américo… pero el verdadero desafío es que lleguen para todos.
