Simón Levy: la historia que no cuadra

“Estoy vivo de milagro”, dijo Simón Levy en una entrevista con Luis Cárdenas, intentando defenderse, pero hundiéndose entre contradicciones.

El exfuncionario de Turismo relató que fue víctima de un atentado en Washington, donde —según confesó— actualmente reside “por seguridad personal”.

Sin embargo, apenas unos segundos antes, afirmaba no poder revelar su ubicación, pues había recibido amenazas de “personas de Morena”.

Levy aseguró que “quisieron matarlo” y que hubo “dos disparos”, pero luego se limitó a decir que tiene seguridad y escapó.

El relato, entre la confusión y el dramatismo, se mezcló con una serie de acusaciones contra la Fiscalía de la Ciudad de México, a la que señaló por “fabricarle delitos”.

Contó que un tribunal colegiado le dio la razón y que, pese a ser cosa juzgada, le reabrieron el caso para solicitar su detención internacional.

Dijo que Interpol negó la orden, y que el Departamento de Estado estadounidense verificó que el video donde golpea una puerta fue “editado”.

Sin embargo, en el mismo diálogo con Cárdenas, admitió residir en Washington, revelando una de las contradicciones más evidentes de la entrevista.

“Hay un video editado y están desesperados por lo que estoy haciendo”, repitió, intentando justificar su posición como una víctima política.

Minutos después, el propio Levy reconoció que el atentado ocurrió en la capital estadounidense, insistiendo: “Estuve a punto de morir”.

Horas más tarde, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió su versión: Portugal había confirmado su detención por dos órdenes judiciales vigentes.

El comunicado oficial detalló que Simón “N.” fue arrestado en Lisboa, tras una notificación roja de Interpol por delitos ambientales y amenazas.

El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad provisional con medidas cautelares, en tanto se revisa su situación migratoria y posible extradición.

Así, mientras Levy se declaraba víctima y aseguraba estar en Washington, el gobierno mexicano confirmaba su captura en Europa.

La narrativa de Simón Levy se desmorona entre versiones inverosímiles, confusiones legales y una estrategia mediática desesperada por limpiar su imagen.

El episodio deja una enseñanza clara: cuando la política se mezcla con el ego y el miedo, la verdad termina siendo la primera víctima.

Educación bajo fuego político y mediático

El escándalo sobre presuntos desvíos millonarios en becas educativas parece más un ataque político que una observación técnica documentada.

El subsecretario de Administración de la SET, Hugo Fonseca Reyes, rechazó tajantemente que existan anomalías en el manejo de 4.6 millones de pesos.

Las acusaciones surgieron de un informe académico que cuestiona pagos a familiares del SNTE Sección 30, sin pruebas sólidas.

Fonseca respondió con datos concretos: la Auditoría Superior de la Federación revisó el programa y no encontró desviaciones en los recursos asignados.

“Hay desinformación y tintes políticos detrás de estas versiones”, afirmó, al aclarar que los procesos fueron auditados y aprobados formalmente.

El funcionario detalló que los lineamientos del programa SET-SNTE fueron actualizados después de una década, reforzando filtros y límites de beneficiarios.

Hoy, ningún docente puede registrar más de dos beneficiarios, lo que elimina prácticas discrecionales y fortalece la transparencia administrativa.

En los supuestos pagos excesivos, Fonseca explicó que corresponden a solicitudes grupales y no a becas individuales, como se ha insinuado.

También reveló que varios cheques fueron cancelados al no cobrarse, lo que descarta daño patrimonial al erario o beneficio indebido.

El fondo del asunto no parece financiero, sino político: un intento por debilitar la imagen de la SET ante el SNTE.

Desde hace meses, ciertos sectores del magisterio buscan minar la relación institucional entre la Secretaría y la dirigencia sindical.

En ese contexto, las “filtraciones” y los informes a destiempo terminan alimentando una narrativa de sospecha sin sustento comprobable.

El problema de fondo es la pérdida de credibilidad pública que dejan estos episodios, donde la política contamina la rendición de cuentas.

Fonseca tiene razón en algo: si la Auditoría Federal no observó irregularidades, las acusaciones parecen más ruido que evidencia.

Tamaulipas enfrenta un proceso de transformación educativa y la disputa por el control del discurso vuelve a ser el centro.

Detrás de cada nota, parece moverse una pugna de intereses políticos y sindicales más que un verdadero ánimo de transparencia.

Por ahora, el subsecretario resiste el fuego cruzado con datos y serenidad, mientras los rumores se consumen en su propio eco.

Al final, la pregunta persiste: ¿fue un desvío real o solo otro episodio de linchamiento político disfrazado de fiscalización pública?