Diálogo, una deuda con las madres buscadoras
En México la desaparición de una persona no es solo un crimen, es una condena colectiva. Una herida abierta que cruza sexenios, geografías y gobiernos sin encontrar respuesta. En este país, los desaparecidos no se esfuman. Se los traga un sistema que, por años, ha sido incapaz de buscar con eficacia, de identificar con certeza, de garantizar justicia. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió detener el análisis legislativo de sus propias iniciativas sobre desapariciones, para abrir un canal de diálogo con las familias buscadoras. El gesto es interpretado como apertura, como voluntad de escuchar, pero también revela un punto crítico, que la reforma, como muchas otras antes, había sido diseñada sin tomar en cuenta a quienes más saben del tema. Las madres. Los colectivos. Las víctimas.
En ciudades de Tamaulipas, como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, donde el fenómeno de las desapariciones ha calado con fuerza en la vida cotidiana, las medidas planteadas podrían representar un cambio significativo. Colectivos de búsqueda que han trabajado durante años con recursos limitados y sin respaldo institucional podrían encontrar herramientas para fortalecer sus procesos. La posibilidad de cruzar datos entre fiscalías, integrar carpetas en una base nacional y agilizar la respuesta en las primeras horas tras una desaparición, permitiría que las acciones de búsqueda no se pierdan en la burocracia ni en la descoordinación entre autoridades.
La frontera de Tamaulipas ha sido escenario de historias lamentables, donde muchas familias han tenido que convertirse en investigadoras ante la falta de respuestas. Por eso, que estas reformas integren la experiencia de quienes han sostenido la búsqueda puede marcar la diferencia. No se trata solo de nuevas tecnologías, sino de corregir una historia de abandono. Si las propuestas se traducen en acciones concretas, podrían devolver algo de confianza a quienes han buscado entre el polvo y el miedo sin más apoyo que su determinación.
El tema no es menor. En un país con más de 115 mil personas desaparecidas, cada decisión institucional se escribe sobre una ausencia. La nueva administración busca reformar la Ley General de Población y la Ley en Materia de Desaparición Forzada, planteando una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. La CURP, fortalecida con datos biométricos, se convertiría en documento oficial para todos los registros administrativos. Las medidas apuntan a la tecnificación del proceso, a la coordinación entre fiscalías, al cruce automatizado de información. Este progreso había dejado afuera lo esencial, la experiencia viva de quienes buscan todos los días con las manos en la tierra.
La reacción no se hizo esperar. Colectivos de madres buscadoras levantaron la voz y exigieron no solo ser escuchadas, sino formar parte activa del diseño. Que no se legisle sin ellas. Que no se aprueben herramientas que no reflejan las verdaderas necesidades del campo. La presidenta respondió con apertura, con sensibilidad, posponiendo la discusión legislativa, anunciando una serie de reuniones a través de la Secretaría de Gobernación. Se trata, dicen, de incorporar propuestas. De fortalecer las iniciativas. De hacerlas más humanas.
En su conferencia, Sheinbaum insistió en que las desapariciones ya no provienen del Estado, sino del crimen organizado. Pero el Estado sigue siendo responsable. Las fiscalías estatales y la federal deben dejar atrás la fragmentación, debe existir una comunicación efectiva, con un sistema que permita cruzar bases de datos o identificar restos acumulados en los servicios forenses. Los colectivos lo han dicho con claridad. Se necesita que las leyes existentes se apliquen. Que se investigue desde la primera hora. Que se proteja a quienes buscan. Que se identifiquen los cuerpos. Que se actúe.
El caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, expuso la profundidad del abismo. Un lugar revisado en septiembre pasado, ignorado por las autoridades, y hoy convertido en símbolo de horror. El hallazgo de ropas y objetos personales expuso no solo la brutalidad del crimen. La desidia. La negligencia. Y fue precisamente el trabajo de las familias, de las madres, lo que forzó una segunda revisión. Fueron ellas quienes señalaron lo que nadie quiso ver.
Por eso, aunque el gesto de abrir el diálogo ha sido bien recibido, llega en un momento en que la desconfianza ya se ha instalado. No es un problema nuevo, sino el resultado de promesas incumplidas a lo largo de varios sexenios. En muchos hogares, la esperanza ha aprendido a coexistir con el escepticismo. Algunas voces dentro del poder legislativo siguen sin comprender el peso del silencio. “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, preguntó hace unos días el presidente del Senado. Una frase desafortunada que refleja, quizá sin quererlo, la distancia que aún existe entre quienes buscan respuestas y quienes deberían ofrecerlas.
La propuesta de reforma parte de premisas relevantes y de herramientas que pueden aportar al proceso. La tecnología, sin duda, tiene un lugar importante en la construcción de soluciones. Pero no basta con una base de datos, ni con una CURP fortalecida, si no se acompaña de una mirada humana, cercana y comprometida. Las madres lo han subrayado con puntualidad. Varias de las medidas propuestas ya están en la ley, pero no han sido llevadas a la práctica. El reto no es solo legislar, sino transformar esa voluntad en acciones sostenidas, con recursos, coordinación y sensibilidad. Porque en este tema, la forma también es fondo.
La presidenta ha mostrado un estilo distinto al de su antecesor. Ha reconocido la urgencia del tema. Ha leído el momento político. Ha abierto la puerta al diálogo. Pero la solución no puede venir solo desde arriba. Tiene que construirse desde abajo. Desde la escucha activa. Desde la incorporación real de las voces que han estado en la trinchera. Desde el reconocimiento de que la búsqueda de personas no es un tema administrativo, sino un drama humano.
En México, la desaparición forzada es un crimen que no descansa. Cada día que pasa sin respuesta es una revictimización. Cada cuerpo no identificado es una deuda. Cada familia que busca sola, sin apoyo, sin protección, es una derrota. La reforma, si se hace bien, puede ser un parteaguas. Pero si se hace de espaldas a las víctimas, será solo una ley más en un país lleno de normas que no se cumplen.
Por eso es crucial que las próximas reuniones no sean solo actos simbólicos. Que el canal de escucha no sea una simulación. Que las madres, las familias, los colectivos, no sean tratados como espectadores, sino como protagonistas. Porque son ellas quienes han sostenido la búsqueda cuando las instituciones han fallado. Porque son ellas quienes saben qué hace falta. Porque son ellas quienes han pagado el precio más alto.
La crisis de las desapariciones en México no se resolverá solo con un software, ni con una nueva CURP, ni con comunicados bien redactados. Se resolverá cuando el país decida mirar de frente su dolor, cuando la política deje de administrar silencios y empiece a construir respuestas. Esta vez, al menos, alguien en Palacio Nacional ha escuchado. Por primera vez en mucho tiempo, la puerta no se cerró. Y ese gesto, pequeño pero inmenso, puede ser el comienzo de algo distinto.
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