Salud mental, violencia y redes sociales
El caso reciente de violencia cometida por un alumno de bachillerato ha alarmado a la población en general. En México, gran parte de los hechos violentos que presenciamos están vinculados al crimen organizado, por lo que no resulta común encontrar agresiones perpetradas por individuos aislados, cuyo único propósito parece ser causar daño.
Frente a estas situaciones, es frecuente y tentador atribuir la violencia a un problema de salud mental. Sin embargo, esta conclusión resulta peligrosamente reduccionista: no contribuye a prevenir futuros episodios y tampoco favorece la adecuada atención de los trastornos mentales. Uno de los estigmas más extendidos es pensar que las personas con enfermedad mental son peligrosas. La evidencia muestra lo contrario: la mayoría no son violentas, y, de hecho, pueden ser más vulnerables a convertirse en víctimas de violencia.
La violencia no tiene una sola causa, y por lo tanto no puede existir una única solución. Se trata del resultado de la interacción de factores sociales, económicos, culturales y psicológicos. A nivel individual, influyen elementos como el inicio temprano en el consumo de sustancias, el bajo rendimiento escolar, la falta de compromiso con la educación, el desempleo, la participación en actividades delictivas y los antecedentes de violencia intrafamiliar. En el ámbito de las relaciones cercanas, también juegan un papel importante las prácticas de crianza demasiado estrictas, laxas o inconsistentes, la poca participación de los padres en la vida de sus hijos y la influencia de pares con conductas violentas.
El entorno social añade otra capa de riesgo: la disponibilidad de drogas y armas, la presencia del crimen organizado, la precariedad y desigualdad económica, así como la ausencia de políticas sólidas de educación y protección social. A esto se suma un factor que apenas empieza a estudiarse con profundidad: el uso de pantallas y redes sociales desde edades tempranas. En Estados Unidos, se estima que niños y adolescentes pasan hasta 7.5 horas diarias frente a una pantalla[1], expuestos a contenidos de violencia, autolesión, suicidio y retos que promueven conductas peligrosas. También pueden encontrarse con material sexual inapropiado, estereotipos dañinos que afectan la autoestima, o incluso con depredadores que buscan establecer contacto con menores.
Por ello, distintas instituciones han establecido recomendaciones claras. Antes de los 18 meses se aconseja evitar las pantallas, salvo videollamadas acompañadas de un adulto. Entre los 18 y 24 meses, su uso debe limitarse a contenidos educativos, siempre con un cuidador presente. De los 2 a los 5 años, lo ideal es no exceder una hora diaria entre semana y un máximo de tres horas en fines de semana. A partir de los 6 años, más que contar horas, se trata de fomentar hábitos saludables y ofrecer actividades que disminuyan el uso de pantallas. Algunas fuentes sugieren además posponer el acceso a redes sociales hasta, al menos, los 13 años. También se recomienda apagar los aparatos durante las comidas y actividades familiares, utilizar controles parentales, no emplear las pantallas como sustituto de la atención adulta, y retirarlos de la habitación entre 30 y 60 minutos antes de dormir.
Si identificamos estos factores de riesgo, podemos atender algunas de las problemáticas relacionadas con la salud mental.
Entre ellas se encuentra el desarrollo de habilidades sociales, diseñadas para que niños y adolescentes aprendan a manejar la ira, resolver conflictos y adquirir competencias necesarias para una vida adulta sana y en comunidad. También resulta clave enseñar a los padres estrategias de crianza positiva y dar acompañamiento a aquellos jóvenes que presentan riesgos de involucrarse en conductas violentas.
Sin embargo, hay otros factores que deben abordarse desde diferentes frentes: la disminución de la pobreza, la oferta de actividades recreativas libres de consumo de sustancias y de otras conductas de riesgo, así como la implementación de lineamientos en las instituciones educativas que fomenten el retraso en el uso de pantallas y redes sociales. Por ejemplo, Australia ya considera la posibilidad de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, con sanciones a las empresas que no cumplan. También resulta fundamental mejorar los servicios de cuidado infantil, fortalecer las condiciones laborales y exigir a las plataformas digitales políticas y protocolos más sólidos que reduzcan los riesgos a los que hoy están expuestos niños y adolescentes.
La realidad actual presenta enormes retos para los y las jóvenes. Para quienes nacieron antes del año 2000 puede ser difícil imaginar la adolescencia bajo la amenaza constante de ser fotografiado y expuesto en redes sociales, de sufrir acoso escolar en línea o de ser contactado por depredadores sexuales o grupos que promueven prejuicios y violencia. Juzgar a las generaciones jóvenes como más frágiles invisibiliza las dificultades que enfrentan y nos impide brindarles la protección y el acompañamiento que necesitan.
*Psiquiatra, Directora del Centro Universitario de Salud y Bienestar- Universidad Panamericana
