Nos han dado el agua
Noviembre inició pésimo para el Gobierno de Claudia Sheinbaum con el asesinato el primer día del mes del alcalde Carlos Manzo. Desde Uruapan, la República se cimbró. Los problemas para la presidenta no pararon ahí; luego vinieron las protestas surgidas en el campo, que en diciembre ya amenazan tormenta.
Morena ha demostrado maestría para el arte de simplificar problemas a partir no de diagnósticos, sino de supuestas soluciones. El obradorismo inauguró su poder al cancelar un aeropuerto de gran calado alegando corrupción que nunca demostró (y menos castigó), y la millonaria indemnización —más de 113.000 millones de pesos según un cálculo moderado de la ASF — se maquilla con una espectral nueva terminal aérea construida y manejada por los militares. Como esa, sobran iniciativas que al mismo tiempo son instrumento de propaganda adanista que demostraron la temeraria convicción de que gobernar era una cosa sin chiste, como decía el fundador. Y ayer anunciaron, cosas veredes, que ahora habrá farmacias ambulantes.
Parte del éxito de que Morena no pague con mayor descrédito tanta ocurrencia, dicen algunos críticos, es porque la oposición se dedica a defender cosas intangibles, conceptos que lo mismo eran postulados sobre los contrapesos republicanos, la gobernanza y hasta derechos. Explican así que la defensa del anterior sistema judicial no haya sacado multitudes a la calle, o la poca efectividad de advertencias de académicos, sociedad civil, colectivos de defensa de víctimas y hasta partidos de oposición sobre el riesgo de elegir jueces por voto popular. Quién iba a defender juzgadores cuando la impunidad reina en más de 97% de los delitos denunciados; solo la oposición.
Morena vio que la Reforma Judicial le garantizaría controlar a los únicos que medio contenían sus políticas; y esa agenda, esa sí, hoy es cosa juzgada. Y antes del Judicial, por supuesto, lanzaron al vacío las instituciones creadas al amparo de las alternancias, desde los reguladores de mercados hasta el órgano de la transparencia. Sobrevive el INE, pero colonizado, y desde luego ya se anuncia la respectiva reforma. Quizá fue ese ímpetu lo que impidió a la presidenta Sheinbaum ver que con el tema del campo la marcha triunfal del Gobierno que unilateralmente decide nuevas leyes y más controles terminaría encallando.
Quizá sea por ese imbatible récord que en la Administración creen que luego de que los campesinos levantaran los bloqueos carreteros la semana pasada, el problema está resuelto. Nada más lejano a la realidad. El campo tiene al menos tres problemas y la presidenta carece de respuestas inmediatas para cualquiera de ellos. Las y los productores del campo —chicos, medianos y grandes— enfrentan democráticamente, es decir, sin importar su escala, el primero: la inseguridad, que se traduce en dos sangrías, la que les produce la extorsión, y la de los zarpazos de asaltos en las carreteras. En segundo lugar, al obradorismo le está pasando factura el tatcherismo de armario que abrazan: los productores acusan un ciclo económico adverso por precios internacionales a la baja, dólar barato y la cancelación de apoyos desde el Gobierno de López Obrador. El rásquense con sus uñas sin subsidios —solo con algunos programas asistenciales— no da para más, cuentan los campesinos. Y esas plagas azotaban a los productores cuando llegó la más ambiciosa —en términos de cambio de reglas sobre cualquier recurso o insumo— de las reformas del obradorismo hasta ahora: ya no se trata de cambiar jueces o reguladores, ahora se quiere reformar el régimen del agua.
La presidenta Sheinbaum ha encargado a una de sus personas más cercanas una reforma que busca establecer, como no podría ser de otra forma, el dominio de la nación sobre el agua. Recuperar la rectoría del Estado sobre ese bien nacional. Corregir abusos. Garantizar racionalidad en la explotación.
Asegurarse la sustentabilidad de regiones, la justicia en el reparto; el privilegio del bien común sobre la voracidad comercial e incluso de autoridades corruptas. Se trata, en pocas palabras, de una reforma no solo necesaria sino urgente. ¿Quién ha de recriminar a la presidenta que se atreva a lo que otros no, a poner fin al expolio de un bien público, a no posponer el dolor de cabeza de fijar nuevas reglas, de regularizar y castigar? Nadie salvo que, a todas luces, la reforma, que en realidad son dos, se hizo con la marca de la casa: luego de meses de supuestas consultas el Gobierno ensimismado redactó sin escuchar, esta administración donde sobran capitalinos creyó que desde el Zócalo se comprende todo un país.
Lo peor de lo que se vive en estos días es que este último problema se pudo haber evitado. No solo si las autoridades dejaran la manía de hacer foros cuyas deposiciones luego no sistematizan ni ponderan; sino, aún más sencillo, si hubieran explicado que ya iban a corregir.
Diversos líderes de productores, entre ellos el Consejo de la cuenca del Río Bravo, por ejemplo, pasaron hace semanas largas jornadas con el titular de la Comisión Nacional del Agua para explicarle los errores de la reforma que podrían dar espacio a abusos contra campesinos, a multas o cárcel, a cancelación de derechos actuales. Y todo ello ocurrió antes de que otros colectivos de productores anunciaran el paro nacional de la semana pasada que afectó a carreteras en media República. ¿Por qué Conagua no explicó que ya habían entendido y ya iban a corregir? ¿Por qué Gobernación no previene problemas? ¿Por qué Palacio Nacional cree que todo el país, con sus múltiples complejidades, cabe en dos horas de alocución mañanera? Tanto hablar y tan poca efectividad al comunicar.
