“Llegamos todas”, celebró Claudia Sheinbaum al convertirse en la primera presidenta de México. Una frase que resumía una conquista histórica: después de siglos de puertas cerradas, una mujer llegaba al cargo más alto del país. Pero algunas funcionarias han encontrado una salida de emergencia en esas palabras. Cuando se les cuestiona, gritan misoginia. Cuando se les exige rendir cuentas, invocan la violencia política de género. Y cuando una investigación incomoda, convierten la crítica en una agresión contra las mujeres.
Guadalupe Taddei se va de la presidencia del INE entre revelaciones sobre contratos millonarios, proveedores cercanos y posibles conflictos de interés. Se retira con “la satisfacción del deber cumplido”. ¿Cumplido con quién?
Sheinbaum consideró acertada su renuncia y pidió investigar. Pero también habló de un linchamiento a su vida personal y de burlas misóginas. Pero aquí nadie pregunta con quién se relaciona Taddei por curiosidad. La pregunta es qué hacía un proveedor vinculado a contratos millonarios del INE brindando con su hijo en una lujosa suite de París.
“¡París a tus pies, chamaquito!”, le dice José Alfredo Hernández Casillas al hijo de Taddei en un video difundido por Latinus. En otro, el empresario se refiere a Taddei como “la reina”. Esa cercanía obliga a revisar los contratos. Las autoridades deben investigar posibles delitos como tráfico de influencias, cohecho, peculado y ejercicio abusivo de funciones. De acreditarse, conllevan penas de tres meses hasta 14 años de cárcel.
Todo esto ocurre en vísperas de un proceso electoral en el que necesitamos un árbitro capaz de vigilar a los partidos y fiscalizar sus recursos, ante los crecientes señalamientos sobre vínculos entre el crimen organizado y el poder político. En cambio, la presidenta del INE se va envuelta en un escándalo y Sheinbaum, aunque pidió investigar, también recurrió al discurso de la misoginia. Justo cuando necesitamos la certeza de que ninguna relación, ningún género y ninguna lealtad estarán por encima de la ley.
Exigir que se investiguen y sancionen los posibles delitos no es misoginia. Es exigir justicia.
Imaginemos que la presidencia del INE hubiera estado en manos de un hombre. Que apareciera en videos con una proveedora vinculada a contratos millonarios y que su hijo brindara con ella en París. ¿La presidenta pediría respeto a su vida privada o exigiría investigar el conflicto de interés?
La respuesta, me parece, la conocemos.
Desafortunadamente, el uso de la violencia política de género para acallar críticas ya tiene casos emblemáticos. Delfina Gómez denunció a Denise Dresser; un tribunal concluyó que eran críticas a su desempeño. A Karla Estrella la multaron y obligaron a disculparse durante 30 días por cuestionar un posible caso de nepotismo relacionado con la diputada del PT Diana Karina Barreras. Y en Tamaulipas, tras una denuncia de Tania Contreras, se ordenó al periodista Héctor de Mauleón retirar una columna y ofrecer disculpas. Por mencionar algunos ejemplos.
Como mujer, me indigna que se utilice el discurso feminista como permiso para censurar, abusar del poder, mentir y, si las investigaciones lo acreditan, delinquir sin consecuencias.
La violencia política de género existe. Hay mujeres que enfrentan amenazas y obstáculos por participar en la vida pública. Por eso es tan grave convertir esa causa en un recurso para silenciar críticas o desviar la atención de presuntos actos de corrupción.
Ser mujer no convierte a una funcionaria en impoluta. Las mujeres también pueden ser corruptas. Las mujeres también pueden ser autoritarias. Y las mujeres en el poder también deben rendir cuentas.
Llegamos todas. Pero las cuentas, que las rinda cada una.
