Desde 1998, cuando Cuauhtémoc Cárdenas gobernaba la capital, poner orden en el Valle de México ya figuraba entre las grandes promesas de la planeación metropolitana. Aquel año se aprobó un programa que advertía sobre el crecimiento irregular, la infraestructura insuficiente, el deterioro ambiental y la falta de coordinación entre autoridades. Veintiocho años después, sus herederos políticos vuelven a presentar prácticamente el mismo diagnóstico.
Por lo que la pregunta es inevitable: ¿qué hicieron durante las últimas tres décadas para que hoy sigamos enfrentando los mismos problemas?
Desde 1997, la capital ha sido gobernada por administraciones del PRD y después de Morena. Cambiaron los nombres, las siglas de los partidos y hasta el nombre de la capital, que pasó de Distrito Federal a Ciudad de México. Pero el poder permaneció en manos de una misma corriente política. Una continuidad que debería permitir evaluar resultados, no escuchar una nueva lista de promesas.
El nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México propone enfrentar la expansión desordenada, los problemas de movilidad y las carencias de infraestructura y servicios. El diagnóstico resulta inquietante porque el crecimiento irregular, la infraestructura deficiente y la ausencia de servicios básicos en amplias zonas de expansión urbana no ocurrieron por generación espontánea. Detrás hubo decisiones políticas, cambios de uso de suelo, permisos concedidos, omisiones de vigilancia e inversiones postergadas. Y ahora se repite una vieja fórmula del poder: presentarse como la solución a los problemas que sus propios gobiernos provocaron.
Si bien es cierto que la complejidad metropolitana distribuye competencias entre municipios, estados y Federación, eso no puede convertirse en una coartada permanente para diluirlas. Gobernar durante décadas supone hacerse cargo también de las consecuencias de lo que se permitió, se toleró o simplemente se dejó de hacer.
En ese contexto coinciden dos movimientos que merecen examinarse conjuntamente. Por un lado, la consulta del nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Por otro, la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por los diputados y enviada al Senado. Son instrumentos distintos, pero coinciden en un punto políticamente sensible: el patrimonio inmobiliario de los ciudadanos. Uno aborda el aprovechamiento del territorio; el otro busca actualizar los registros y valores de los inmuebles.
La dimensión recaudatoria es evidente: actualizar los valores catastrales puede ampliar la base sobre la que se cobra el predial. El gobierno asegura que no habrá aumentos porque la tasa no cambia. Pero si aumenta el valor del inmueble utilizado para calcular el impuesto, el recibo incrementará, aunque la tasa siga igual.
También inquieta el discurso sobre los predios vacíos o subutilizados. Una propiedad desocupada no convierte automáticamente a su dueño en especulador. Puede tratarse de una herencia, un litigio o una familia sin recursos para construir. ¿Quién determinará qué propiedad está suficientemente aprovechada y con qué garantías?
Mientras tanto, la ciudad acumula calles deterioradas, drenajes insuficientes, infraestructura envejecida e inseguridad. Antes de explorar cuánto más puede recaudar el Estado, tendría que explicar qué ha hecho con lo que ya cobra.
Y, sobre todo, ¿dónde están los resultados del programa de 1998? ¿Qué proyectos se ejecutaron? ¿Cuánto se invirtió? ¿Estamos ante una nueva estrategia de planeación o simplemente desempolvaron el diagnóstico de la época de Cuauhtémoc Cárdenas?
Veintiocho años después, quienes heredaron aquel programa vuelven a ofrecernos un futuro que ya nos habían prometido. Y ahora pretenden cobrarnos, otra vez, por él.
