Hay una imagen que el debate sobre educación superior en México rara vez incluye: la de jóvenes que decidieron estudiar, encontraron cómo hacerlo, y no llegaron. No porque hubieran reprobado, o abandonado por falta de dinero o de interés, sino porque desaparecieron. O porque el camino entre su casa y la universidad cruzaba un territorio que ya no es seguro para nadie. O porque alguien llegó antes que la escuela y les ofreció algo que el sistema educativo nunca pudo: certeza, ingresos, y pertenencia.
Esa imagen no suele aparecer en los programas de política educativa. Y el Programa Nacional de Educación Superior (PRONES 2026–2030) no es la excepción: este reconoce con honestidad las brechas de cobertura, el abandono escolar, la precariedad docente y la desigualdad territorial. Pero la violencia, el crimen organizado y las desapariciones, que condicionan las posibilidades educativas de miles de jóvenes en regiones enteras el país, están prácticamente ausentes del diagnóstico. Esa ausencia no es menor; es una señal de cuánto le falta todavía a nuestra política educativa para hacerse cargo de la realidad.
Los datos del PRONES describen un sistema que no llega a todas las personas. La tasa bruta de cobertura nacional alcanza un 45.1%, pero en Chiapas, Guerrero y Oaxaca no supera el 30%. Tres de cada diez estudiantes abandonan la universidad en el primer año. Más de dos millones y medio de jóvenes entre 18 y 22 años trabajan sin haber podido acceder a la educación superior, en virtud de la falta de condiciones para hacerlo. Lo que el documento no dice es cuántas de esas personas jóvenes vive en municipios donde el crimen organizado recluta, desaparece o desplaza. Cuántas estudian en estados donde el personal docente ha sido amenazado o asesinado. Cuántos bachilleres terminaron su preparatoria en comunidades donde la única organización que ofrece certeza económica es el grupo criminal que opera en la colonia o en la región.
No se trata de afirmar que la violencia explica todo el abandono escolar, ni que las brechas de cobertura sean un producto exclusivo de la inseguridad. Las causas son múltiples, y el propio PRONES las identifica con claridad: falta de recursos, necesidad de trabajar, ausencia de oferta educativa cercana, barreras lingüísticas y culturales. Pero sería ingenuo (y políticamente conveniente) seguir analizando esas causas como si operaran en un contexto neutro. Como si las entidades con menor cobertura educativa no fueran, con frecuencia, también las que tienen mayores índices de violencia y desaparición.
En esa tesitura, emerge una pregunta por demás incómoda: ¿puede una política de educación superior garantizar el ejercicio de un derecho en territorios donde el Estado no garantiza la seguridad de quienes intentan ejercerlo? La respuesta honesta es que no, o al menos no por sí sola. El derecho a la educación superior no existe en abstracto; se ubica en cuerpos concretos, trayectorias específicas, en comunidades donde sobrevivir y estudiar son actividades que a veces se vuelven incompatibles.
Lo que el PRONES acierta en plantear es que ampliar el acceso sin atender las condiciones de permanencia y bienestar es insuficiente. Es absolutamente necesario fortalecer los mecanismos de acompañamiento estudiantil, las becas, los sistemas de alerta temprana ante el abandono, la pertinencia territorial de la oferta educativa. No obstante, ninguna de esas estrategias puede sustituir la presencia del Estado en los territorios donde la violencia ha desplazado a la institucionalidad. Una beca no protege a quienes son reclutados en las filas del crimen organizado. Una plataforma de educación a distancia no resuelve el problema de quienes han desaparecido.
Quizá el problema de fondo es que por mucho tiempo hemos separado las políticas sociales, como si operaran en mundos distintos. Esa separación tiene lógica administrativa, pero carece de una territorial. En municipios con baja cobertura educativa, violencia intensa, y oportunidades laborales escasas, esas tres condiciones no son fenómenos paralelos sino la misma crisis vista desde ángulos distintos. Y mientras se sigan atendiendo por separado, ninguno de esos problemas se resolverá de forma duradera.
La educación superior es un derecho, que al igual que otros se ejerce o se frustra en condiciones concretas. Por desgracia, en México la condición más determinante para muchas y muchos jóvenes no es la distancia a la universidad más cercana, el costo de los estudios, o la oferta disponible. Es si podrán volver a casa. Esa pregunta, aún sin respuesta en demasiados rincones del país, concierne también a la política educativa. De lo contrario se seguirán construyendo planteles que no llegan a quienes más los necesitan, y llamando a eso cobertura.
