La universidad no llega a todas las personas

Cuando se habla de educación superior en México, los números suelen presentarse como logros. Y en parte lo son: pasar de 2.5 millones de estudiantes en 2005 a 5.5 en 2025 representa un esfuerzo real, sostenido y significativo. Sin embargo, detrás de esa cifra agregada se esconde una realidad que el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, publicado este 14 de abril en el Diario Oficial de la Federación, reconoce con una honestidad poco común en los documentos de política pública: el lugar de nacimiento y de residencia sigue influyendo en buena medida en la historia educativa.

Según el documento antes referido, la tasa bruta de cobertura nacional alcanzó 45.1% en el ciclo 2024-2025. En abstracto, este dato puede leerse como un avance modesto pero sostenido. El problema es que ese promedio no es generalizable a la república mexicana, ni existe en un territorio concreto. En la Ciudad de México la cobertura supera el 100%, mientras que en Chiapas alcanza apenas un 19.4%. La brecha entre ambos extremos puede pensarse más como una fractura que como un matiz. En ese sentido, la diferencia entre ambas entidades resulta alarmante si se piensa en que se trata de dos contextos que conviven bajo el mismo marco normativo, la misma Constitución y, en teoría, el mismo derecho.

El PRONES nombra esta brecha con claridad, y eso, en sí mismo, merece reconocimiento. Durante años, los planes sectoriales tendieron a enunciar metas de cobertura como si la expansión numérica fuera suficiente para hablar de equidad. Este programa, en cambio, insiste en que ampliar el acceso no es lo mismo que garantizarlo; que construir instituciones en regiones históricamente desatendidas no es asistencialismo educativo, sino una deuda constitucional. Ese cambio de encuadre es profundamente significativo, aunque no soluciona el problema por sí mismo.

Lo es también el énfasis en las instituciones que han operado precisamente en los márgenes del sistema; es decir, que atienden a población periférica, en zonas históricamente excluidas, y cuyos programas se encuentran todavía en formación. Entre ellas se ubican, por ejemplo, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, las Universidades Interculturales, y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estas no son soluciones perfectas; de hecho, el propio documento reconoce que su fortalecimiento es una tarea pendiente. A pesar de ello, representan una apuesta por llevar la universidad a donde antes no llegaba, y eso no debería minimizarse.

Dicho esto, el documento también deja ver, entre líneas, algunos de los límites que enfrenta su propia ambición. La meta para 2030 es alcanzar una cobertura de 55%. Eso implica crear más de un millón de nuevos espacios en cinco años. El programa plantea estrategias diversas para conseguirlo: modalidades no escolarizadas, educación mixta y dual, plataformas digitales, y aprovechamiento de infraestructura existente. Todas ellas son razonables, pero ninguna suficiente por sí sola. Además, varias están condicionadas a recursos que el propio texto reconoce como insuficientes e inequitativamente distribuidos entre estados.

Ahí radica la tensión quizás más difícil de resolver. El PRONES propone avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad financiera entre federación y estados, con aportaciones paritarias. Es una idea correcta en principio. Pero mientras algunas entidades apenas cubren el 13% del subsidio ordinario de sus universidades públicas, hablar de paridad suena más a aspiración que a una política concreta. Y son precisamente los estados con menor aportación los que suelen concentrar también las mayores brechas de cobertura. En ese orden de ideas, la ecuación no cierra fácilmente.

Más aún: la desigualdad territorial en educación superior no se explica únicamente por la oferta. 

El PRONES lo sabe y así lo enuncia. Entre jóvenes que concluyeron el bachillerato, pero no accedieron a la universidad, casi el 78% señala que no pudieron hacerlo porque necesitan trabajar. Esta condicionante no se resuelve con nuevas modalidades educativas ni con plataformas digitales, sino con condiciones materiales de vida que permitan estudiar: becas suficientes, transporte eficiente, alimentación y cuidados adecuados. El programa menciona estos elementos, pero difícilmente pueden desplegarse sin un piso mínimo de financiamiento. Desafortunadamente, este no se encuentra garantizado.

Vale la pena advertir que reconocer las limitaciones aquí descritas no invalida el programa. Por el contrario, se considera que un diagnóstico honesto es el primer paso para una política seria. Lo que el PRONES 2026-2030 necesita, más que ajustes retóricos, es mecanismos concretos que traduzcan su visión territorial en compromisos presupuestales diferenciados, en metas desagregadas por entidad federativa, y en indicadores que midan no sólo cuántas personas entran al sistema sino cuántas lo concluyen y desde dónde.

En esa lógica, que la universidad llegue a todas las personas no es sólo una aspiración. Es también una condición para que el derecho a la educación superior deje de ser, en los hechos, ejercido por unos cuantos. Y ese es, precisamente, el reto que este programa tiene la oportunidad de enfrentar.