Cerrar la frontera: una falsa solución que daña a ambos lados
Un cierre fronterizo ocurre cuando un país detiene, de forma parcial o total, el paso de personas o bienes por sus puntos de entrada. Se trata de una medida extrema que suele justificarse en nombre de la seguridad nacional, el control migratorio o emergencias sanitarias. Aunque en el caso de la frontera entre México y Estados Unidos los cierres históricamente han sido parciales y esporádicos, la retórica política reciente amenaza con convertir la excepción en algo cotidiano. Esto debe alarmarnos, ya que un cierre fronterizo genera impactos directos sobre la economía y la sociedad en ambos lados de la frontera, afectando a trabajadores, viajeros y comerciantes que dependen de la operación normal de los servicios transfronterizos, así como a solicitantes de asilo (que pueden ser ignorados) y familias migrantes (que pueden quedar separadas), quienes también dependen de estos servicios para ejercer sus derechos. Lejos de verse como una solución política a las tensiones domésticas en torno a la migración, el cierre fronterizo debe entenderse como una fuente interminable de tensiones diplomáticas.
Por ejemplo, como parte de una reforma a sus leyes migratorias, en 2024 el Congreso estadounidense discutió un mecanismo para reducir el número de cruces irregulares, mediante el cual la detección de una cantidad preestablecida de estos resultaría en una suspensión temporal automática del ingreso de personas, bajo criterios del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Este mecanismo es altamente riesgoso para ambos países, ya que elimina la certeza para todos los actores fronterizos respecto a la disponibilidad de servicios necesarios para mantener seguridad, estabilidad y legalidad en sus movimientos cotidianos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de los EE.UU. calculó que interrupciones en los flujos de trabajadores y mercancías pueden generar pérdidas de cientos de millones de dólares diarios en sectores como transporte, agricultura y manufactura, concentrados en los estados fronterizos como Texas y California; mientras que el Wilson Center estima pérdidas potenciales diarias de hasta 1.9 mil millones de dólares, dado el impacto generalizado sobre las cadenas productivas transfronterizas. Para las ciudades fronterizas, cuya vida económica depende del intercambio constante, aumentar los cierres representaría desempleo, inflación y descontento social.
Esta propuesta refuerza los esfuerzos por parte de EE.UU. para presionar al gobierno mexicano a absorber los costos asociados con la relación migratoria binacional. El precedente más cercano fue la política Remain in Mexico, implementada en 2019. Con ella, quienes solicitaban asilo en Estados Unidos debían esperar su proceso en territorio mexicano, lo que derivó en campamentos improvisados en ciudades como Tijuana o Matamoros, donde se registraron abusos y se generó rechazo por parte de la población local hacia las personas migrantes. Retomar la idea de un cierre espontáneo, constante y unilateral solo agravará la situación de las ciudades fronterizas.
Si bien queda claro que EE.UU. espera un papel más activo de México en el control migratorio, la imposición de nuevas políticas unilaterales limita al gobierno mexicano en la adopción de medidas convencionales -como el principio de reciprocidad-, ya que esto solo agravaría el problema. ¿Pero cuál es la solución ante estos riesgos? Junto con otras medidas de seguridad, patrullaje fronterizo y combate al crimen organizado, el gobierno mexicano debe negociar soluciones bilaterales que incluyan la creación de programas de empleo temporal, educación o residencia para migrantes, que los canalicen de manera ordenada, segura y legal hacia sectores con escasez de mano de obra. Igualmente, México debe apoyarse en sus compromisos con tratados internacionales y su legislación en materia de refugiados, asilo político y protección complementaria, para integrarlos en su discurso regional y bilateral con EE.UU. Es importante recalcar que la responsabilidad compartida no debe significar que ambos países pierdan.
Finalmente, se debe reconocer la necesidad de involucrar y dotar de recursos a los municipios fronterizos para mejorar los albergues y ampliar los servicios humanitarios, ya que estos también forman parte de la infraestructura que atiende la política fronteriza federal.
*Integrantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC.
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