Auditar sin partido, castigar sin excepciones
Durante años, la fiscalización fue sinónimo de simulación. Hoy, la Auditoría Superior del Estado anuncia la judicialización de doce cuentas públicas, marcando un punto de quiebre largamente esperado.
El auditor Francisco Noriega Orozco, confirma un proceso de denuncias penales por el ejercicio fiscal 2023, rompiendo inercias donde los expedientes dormían y la corrupción encontraba en refugio en los tiempos muertos. Sin pasar por alto que se incluyen algunos procesos penales del ejercicio fiscal 2021 y 2022.
La decisión no es menor: tras revisar 300 informes, en el 2025, el Congreso rechazó en diciembre pasado 180 cuentas públicas por no aclarar cerca de 10 mil millones de 12 mil millones de pesos fiscalizados.
Los informes negativos aparecen en al menos 40 de 43 ayuntamientos y varias Comapas, donde se detectaron irregularidades graves, cuyo destino deberá aclararse ahora ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Administrativo.
Noriega, insiste en una línea clave: separar desorden administrativo del verdadero quebranto al erario, evitando linchamientos políticos y enfocando los casos donde realmente hay daño patrimonial.
El dato es contundente: hasta 80 por ciento de las observaciones históricas corresponden a errores documentales, no a desvíos, lo que exhibe administraciones caóticas, no necesariamente corruptas.
Pero cuando los procesos se construyen “de adelante para atrás”, con adjudicaciones viciadas, la Auditoría no duda: son faltas graves y deben sancionarse, caiga quien caiga.
Ahí está el cambio de fondo: un auditor sin compromisos partidistas, dispuesto a señalar a alcaldes, secretarios o gerentes de Comapas, sin importar colores ni alianzas.
La meta es quirúrgica: reducir el ruido contable y concentrarse en el 10 o 20 por ciento donde podría haber corrupción real, unos 2 mil millones bajo lupa.
También cambia el tiempo político: menos archivo, más acción. Las cuentas 2023 ya caminan hacia tribunales, evitando la impunidad que nacía de los plazos eternos.
Que casi todas las cuentas municipales estén hoy en semáforo rojo es alarmante, pero también una oportunidad para corregir prácticas antes normalizadas por la costumbre que tenía el ex Auditor Jorge Espino Ascanio envuelto siempre en suspicacias por corrupción, algo que debe mantener investigaciones, para confirmar o descartar.
Si este rumbo se sostiene, Tamaulipas podría empezar a creer que la fiscalización dejó de ser arma política y comenzó, por fin, a ser un verdadero control del poder.
Por los discursos que ha hecho el gobernador Américo Villarreal y el propio Congreso del Estado a través de Humberto Prieto Herrera, parece entonces que no hay compromiso con nadie y lo que se busca es cerrar el paso a los desvíos y a la negociación de la que muchas veces se dijo había entre el anterior Auditor y los Alcaldes o gerentes de Comapas.
De tal suerte que hoy, Noriega puede hacer un trabajo más independiente para fiscalizar pero un apoyo adicional, serie que los diputados le dieran más ‘armas’ legales en las leyes, para poder actuar más rápido en el combate a la corrupción y mejorar la percepción de la gente sobre este mismo tema.
