El número ya no será anónimo
El registro obligatorio de líneas telefónicas abrió un debate intenso entre la desconfianza ciudadana y la urgencia de frenar un delito que ya desbordó capacidades institucionales: la extorsión telefónica.
Los datos son contundentes. De acuerdo con el INEGI y la Encuesta Nacional de Victimización, en 2024 se cometieron 7.4 millones de extorsiones, y el 90 por ciento ocurrió vía telefónica.
No se trata de un problema menor ni aislado. Es un fenómeno de seguridad nacional que alimenta secuestros virtuales, extorsiones, fraudes y amenazas, aprovechando el anonimato casi absoluto del sistema actual.
De acuerdo a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hoy existen en México 158 millones de líneas telefónicas activas. De ese total, 134 millones “¡son anónimas!”, es decir, el 85 por ciento no está vinculada a ninguna persona identificable.
La autoridad enfrenta un vacío crítico: cuando una extorsión se comete desde un celular, no hay manera inmediata de saber quién realizó la llamada ni desde dónde.
Solo el 15 por ciento de las líneas, alrededor de 24 millones, corresponde a planes de pospago, que ya están identificados porque las empresas recaban datos obligatorios de sus usuarios.
Ahí está la grieta del sistema. Las llamadas exitosas provienen mayoritariamente de líneas sin nombre, sin rostro y sin rastro, imposibles de rastrear en tiempo real.
Por eso la estrategia contra la extorsión incluye la vinculación de líneas telefónicas. No como control político, sino como herramienta básica de investigación criminal.
Desde el 9 de enero de este año inició el proceso. Todos los chips se venden sin servicio y solo pueden activarse cuando se asocian a una persona real. El lote de chips que pudo haber llegado a las tiendas de conveniencia, de no vincularse, serán desactivados sus números.
Y es que el reto es enorme: lograr que 134 millones de líneas anónimas se vinculen antes del 30 de junio. Quienes ya tienen pospago no deberán hacer ningún trámite adicional.
A partir del primero de julio, las líneas no vinculadas serán deshabilitadas, quedando solo con servicios de emergencia, atención ciudadana y alertas sísmicas, hasta regularizarse.
La vinculación puede hacerse directamente en la empresa telefónica, presentando identificación oficial, nombre y CURP, con validación en RENAPO e INE, sin pedir datos biométricos.
También podrá realizarse desde el dispositivo móvil mediante una verificación de identidad conocida como “prueba de vida”, similar a la que usan bancos (selfi) y plataformas financieras.
No existe un padrón nacional centralizado ni está en manos del gobierno. La información permanece bajo resguardo de las empresas telefónicas, como ya ocurre con las líneas pospago.
Aún más: junto con esta medida federal, el 15 de diciembre, el pleno del Congreso del Estado, aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la FGJ para crear la Unidad Especializada contra la Extorsión.
Aunado a ello, no hay que pasar por alto que en Tamaulipas las principales víctimas de extorsión o secuestro casi el 80% son adultos mayores y jóvenes.
Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reveló apenas el 20 de enero que el delito de extorsión es una prioridad y por ello, se realiza mucho trabajo de campo y tecnología.
Entre 2022 y 2023 hubo 114 contra 111 casos respectivamente; entre 2023 comparado con 2024 se denunciaron 111 contra 103 y comparado en los años 2024 y 2025 hubo 103 contra 115 y en la gran mayoría de los casos vía telefónica.
En fin, el fondo del debate es claro: sin romper el anonimato, la extorsión seguirá creciendo. Con reglas claras y límites precisos, la seguridad puede recuperar terreno.
