El fallecido alcalde de Uruapan no rehuyó la responsabilidad de detener delincuentes y advertirles de que en su pueblo no hicieran sus “chingaderas”. Los expertos dirían que hizo justo lo que se recomienda: tomar al toro por los cuernos
A juicio de varios expertos, una de las condiciones para erradicar la violencia es que la persona al frente de la jefatura política de esa entidad —llámese municipio, Estado, país— se haga cargo directamente de esa tarea; que asuma el liderazgo, que no delegue en otros tan riesgosa asignatura. El problema, aunque parezca obvio, son los eventuales costos. Como fue, fatalmente, el caso de Carlos Manzo.
Era alcalde de Uruapan y se volvió famoso mucho antes de que la noche del 1 de noviembre de hace un año lo asesinaran, sin importar que estuviera en medio de la fiesta de su pueblo. En un país donde la mayoría de los gobernantes cede a los policías el protagonismo a la hora de amenazar a la delincuencia, este edil se hizo conocido no solo por perseguir él el delito, sino por clamar la ayuda de la Federación.
El también líder del Movimiento del Sombrero, no se cansó de entrar a noticieros nacionales para denunciar al crimen organizado que acosa a Uruapan, capital planetaria del aguacate. Su clamor fue desoído por el Gobierno federal, pero no por los delincuentes, que, según detalla el reportero Pablo Ferri en un prolijo reportaje publicado este domingo en El País, le asesinaron en venganza por la detención de uno de sus secuaces.
Ferri desvela una pesquisa policiaca que tiene, como sucede en casos que se vuelven clásicos, un poco de todo, incluida la suerte de que en un momento dado un par de personajes -sin los cuales no podría cerrarse el círculo- terminan identificados tras un pleito de cantina. Al final, se dice pronto, pero no es menor, hay 34 implicados detenidos y un puñado libres más identificados. La red, en concreto, destripada.
Causa escalofrío más que la falta de humanidad que en momentos exhiben los involucrados —como cuando por escrito ordenan que se asesine a Manzo así traiga en brazos a su hijo, o cuando se celebra la muerte como si de un premio cinegético se tratara—, el diligente uso de tecnologías para tratar de hacer invisibles las huellas del complot, para ocultar cabos que conectan hasta el nivel más alto del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Pero al final, aún más que la versatilidad para comunicarse mediante la app Threema o la meticulosidad de registrar datos de la célula criminal y sus conexiones en un disco duro Toshiba de dos terabytes, la narración impacta por el gran cabo suelto de este y de tantos otros casos, dramáticos unos a nivel nacional como fue el de Manzo, o solo a nivel familiar como el de miles más que suceden en todo el país.
Y una pista de ese “gran cabo suelto” viene, precisamente, de algo que los policías investigadores del atentado contra Manzo terminan por encontrar en la memoria Toshiba: un organigrama de la estructura del CNJG elaborado en 2021 por la fiscalía de Michoacán. Es decir, indicios de la colusión entre autoridades y criminales; para que estos puedan operar, necesitan mínimo del solapamiento de aquellas.
Grecia Quiroz, viuda de Manzo y hoy alcaldesa de Uruapan, ha levantado la voz demandando justicia para su esposo y para el pueblo de Uruapan en tanto que les mataron a su jefe político. Ella ha sido vocal en que esa justicia no puede quedar solo en detenciones que, si bien han escalado hasta mandos próximos a la jefatura del CNJG, no parecen acercarse lo suficiente a explicar cómo una estructura de unas 140 personas, según la reconstrucción a la que ha tenido acceso Ferri, pudo cobijar ese crimen sin que autoridad alguna, michoacana o federal, detectara que el incómodo alcalde Manzo, que se grababa en operativos y con algunas de las personas detenidas, ya había echado sobre sí una rabia criminal que, convertida en maquinación de varios niveles del cartel, terminaría costándole la vida.
Hubo traiciones en el círculo cercano a Manzo, nos cuenta Ferri, pero no en el lado de las escoltas —como inicialmente se trató de ensuciar a su entorno de seguridad, si bien el líder de las mismas huyó—, ni en puestos de jerarquía verdaderamente estratégica. Y hay, como pasa en muchas comunidades, sospechas e indicios sobre complicidad de algunos personajes cercanos en compadrazgo.
Lo que no hay en la pesquisa que suena lógica y sólida es una explicación sobre por qué ni la Guardia Nacional, ni los sistemas de inteligencia de las distintas corporaciones mexicanas con tales capacidades, supieron sintonizar la radio matutina en la capital de la República donde Manzo reclamaba a menudo que las amenazas en contra suya iban en serio y que el abandono federal era atronador.
La muerte de un político que se decidió a enfrentar al crimen fue, nos convence Ferri a partir de sus fuentes y del acceso a documentos, a causa de que, a diferencia de muchos otros personajes en puestos de elección popular, Manzo no rehuyó la responsabilidad de detener delincuentes y de advertirles, grabándose con algunos de ellos esposados, de que en su pueblo no hicieran sus “chingaderas”.
Los expertos habrían dicho que justo lo que hizo Manzo es lo que se recomienda: tomar al toro por los cuernos. Y de alguna manera, el Gobierno federal querrá decir que, con ayuda de la fiscalía michoacana, ya tiene un relato de lo que pasó con el popular alcalde del sombrero, y que muchos de los que atentaron o están muertos o tras las rejas. Sí, todo eso puede contener algo o bastante de verdad.
Mas si una de las aspiraciones de la justicia es que cuando llega ha de provocar un efecto disuasorio, que otros lo piensen dos veces antes de atreverse a delinquir creyéndose que podrán cobijarse en la enorme impunidad que hay en México, si ese es el consuelo en medio de la tristeza por un artero crimen como el de Uruapan de hace un año, que al menos se conjure la repetición: ¿quién cree que ahora, que sabemos cómo se cocinó la ejecución de Manzo sin que sonaran alertas del gobierno, estamos más seguros? ¿Quién cree que no hubo complicidad de autoridades? ¿Quién cree, pues, que ya se le hizo justicia a Carlos Manzo?
