Hay reformas que pueden parecer técnicas, jurídicas o incluso necesarias hasta que uno se detiene a pensar en sus consecuencias. La protección de los derechos de autor es una de ellas. Nadie puede cuestionar que un músico, escritor, fotógrafo, periodista, cineasta o creador debe tener garantías para proteger su trabajo. Combatir la piratería y defender la propiedad intelectual es correcto.
El problema comienza cuando, bajo ese legítimo propósito, se construyen mecanismos que pueden terminar afectando otro derecho fundamental: la libertad de expresión. Ese es precisamente el debate que hoy debemos tener en México. No se trata de escoger entre derechos de autor y libertad de expresión. Se trata de entender que ambos deben coexistir y que ninguna legislación puede proteger uno a costa de debilitar el otro.
La Suprema Corte ha reconocido que las restricciones a la libertad de expresión en Internet deben cumplir con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Incluso ha considerado inconstitucionales medidas que, bajo el argumento de proteger derechos de autor, terminaban bloqueando de manera general contenidos y expresiones que no necesariamente eran infractoras.
Por eso debemos tener cuidado cuando una reforma permite que proveedores de servicios en línea retiren, inhabiliten o suspendan contenidos ante una denuncia de posible infracción. La propia Corte ha señalado que, en el régimen vigente, el proveedor no resuelve definitivamente quién tiene la razón sobre la titularidad de un derecho; esa determinación corresponde a las autoridades competentes.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué sucede cuando el contenido que se retira no es simplemente una reproducción ilegal, sino una investigación periodística, una crítica, una caricatura, una parodia o una obra de creación que utiliza material de terceros dentro de los límites permitidos por la ley?
Porque en Internet no solamente circulan canciones, películas y fotografías. También circulan ideas. Se investiga, se denuncia, se debate, se satiriza y se cuestiona al poder. Y ahí es donde una legislación mal diseñada puede producir un efecto particularmente delicado, que las plataformas, ante el riesgo de responsabilidad, prefieran retirar contenido antes que analizar cuidadosamente cada caso. No hace falta que exista una orden directa del Gobierno para generar un efecto inhibidor. Basta con construir un sistema en el que sea más sencillo callar que defender.
La libertad de expresión no solamente protege las opiniones cómodas. Protege, sobre todo, aquellas expresiones que incomodan, cuestionan y ponen en duda al poder. Por eso preocupa que el debate ocurra en un contexto en el que también se discute constantemente el papel de los medios, de los periodistas y de las plataformas digitales en la vida pública.
La historia democrática demuestra que los límites a la libertad de expresión rara vez comienzan presentándose como censura. Muchas veces llegan bajo argumentos que, en principio, parecen razonables como combatir la desinformación, proteger derechos, garantizar la seguridad o evitar abusos.
El problema aparece cuando quien tiene el poder termina adquiriendo demasiadas herramientas para decidir qué puede permanecer visible y qué debe desaparecer. México ya ha vivido las consecuencias de concentrar poder y debilitar contrapesos. Por eso la discusión sobre Internet no puede verse como un asunto menor o exclusivamente tecnológico. Es una discusión sobre el tipo de democracia que queremos construir.
Desde Acción Nacional hemos planteado una posición clara: proteger los derechos de autor, sí; combatir la piratería, también. Pero hacerlo mediante reglas objetivas, procedimientos claros, derecho de defensa y criterios de proporcionalidad.
Si alguien utiliza ilegalmente una obra, debe responder por ello. Pero si un periodista utiliza material para realizar una investigación, si un ciudadano realiza una parodia, si un caricaturista utiliza una imagen para criticar al poder o si existe una controversia legítima sobre la titularidad de una obra, debe existir un mecanismo para defenderse antes de que el contenido sea eliminado de manera definitiva.
La tecnología debería ampliar la libertad de los ciudadanos, no ampliar la capacidad del poder para restringirla. No se trata de defender la piratería. Se trata de impedir que combatirla termine creando mecanismos desproporcionados que afecten la libertad.
