¿Qué debe hacer un gobierno cuando todo se desborda?

Una crisis de comunicación del Estado no estalla únicamente cuando algo se rompe, sino cuando nadie se pone de acuerdo en contar los hechos reales. La renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, contada por capítulos y micrófonos disonantes, dejó en claro que el problema no es la crisis, sino el?relato fragmentado del poder.

La carta que circuló en redes sociales y en algunos medios, fechada en Ciudad de México, 27 de noviembre, expuso un encuadre singular:el fiscal informó que se retiró para iniciar un proceso de ratificación de un nombramiento diplomático, propuesto por la Presidenta, a fin de servir al país como Embajador en una "embajada amiga". Un final de capítulo institucional que no cerró la historia:abrió nuevas interrogantes sobre la independencia judicial, el uso político de las fiscalías y el verdadero equilibrio entre poderes en México.

Pero ese desorden narrativo tuvo otro frente todavía más sensible:Washington observando en tiempo real. Mientras México comunicaba como piezas de rompecabezas, una renuncia en episodios no alineados,el gobierno de Estados Unidos elevaba la alerta pública por la inseguridad territorial y el poder operativo de los cárteles de la droga?en amplias regiones del país. La percepción bilateral ya no está en el terreno de lo simbólico, sino en el operativo: cooperación judicial, inteligencia compartida, acuerdos de seguridad, inversión y movilidad transfronteriza.

Y cuando parecía que el gobierno intentaba cerrar ese frente con una narrativa contundente,Andrés Manuel López Obrador apareció en un video promocional hablando de su nuevo libro. No era un mensaje casual: fue un acto de diplomacia narrativa paralelo frente a un país revuelto. El problema no es la publicación de un libro, sino el uso del ángulo político de su presentación mediática en el punto exacto en donde las instituciones se disputaban el relato del orden.

En crisis reputacionales, la aparición de un líder emblemático no amplía la narrativa, la captura. En lugar de unificar el relato, ejerció un acto clásico de propaganda política mediática: presencia en video, agenda propia, conversación dirigida, storytelling mesiánico. 

Queriendo poner orden,abrió una línea narrativa distinta: la del "mesías estabilizador", no la del liderazgo institucional del presente.

Cuando un expresidente interviene narrativamente en crisis, las reglas cambian: la conversación pública ya no gira alrededor de la líder en funciones o de los datos de gobernanza, sino del arquetipo salvador,?la narrativa del redentor cultural, político y social. El riesgo es monumental: el país deja de informarse a sí mismo para creerse un relato unipersonal en donde los equilibrios no necesitan pesos y contrapesos, sino un narrador central.

La salida del fiscal ocurre además en un momento donde la propia FGR sostenía?investigaciones de alta sensibilidad política, particularmente relacionadas con: la actividad legislativa y redes de poder del senador Adán Augusto López, carpetas de investigación en contra de figuras con peso político y presupuestal; y la percepción de que?la justicia, dependiendo del micrófono, presiona o protege según el actor.

Ese mar de expedientes preliminares, filtraciones selectivas y enmarcados públicos alternos, tuvo un efecto dañino claro: parecía un combate entre poderes,no un informe técnico de investigación nacional.

En crisis reputacionales que cruzan frontera, no basta tener voceros locales: hace falta una gramática narrativa defendible frente a aliados estratégicos. Estados Unidos ha llevado por años una preocupación académicamente respaldada: la independencia judicial no es un activo moral, es un instrumento de cooperación y seguridad hemisférica.

Allan McConnell, profesor de Política en la Universidad de Sydney, indica que los gobiernos que sobreviven a las crisis no son los que comunican más, sino los que comunican primero, unificados y con evidencia operativa. La fragmentación narrativa, según McConnell, genera un daño doble: crisis del problema y crisis del relato.

Un ejemplo claro de mala práctica que Washington detesta es el uso del micrófono presidencial como pared protectora del expediente judicial. No porque sea un conflicto ideológico, sino porque afecta principios centrales que sostienen la cooperación bilateral: una sola cronología, un solo vocero, un solo terreno de evidencia, no una batalla de mensajes.