En 2027 se elegirán diecisiete gubernaturas y cada partido deberá postular al menos nueve mujeres. Pero el número es apenas el punto de partida. La pregunta de fondo es dónde se les postula: si las candidatas se concentran en los estados donde su partido tiene pocas posibilidades, la paridad se cumple en el papel y se pierde en las urnas.
En su más reciente sesión pública, la Sala Superior del TEPJF resolvió un asunto en el que analizó si, para garantizar la paridad sustantiva en las elecciones de gubernaturas, es necesario imponer a los partidos políticos criterios uniformes de competitividad o si pueden establecer sus propias metodologías en esta tan importante tarea.
El caso surgió cuando una asociación civil impugnó el acuerdo del INE que establece las reglas para verificar la paridad de género en las elecciones de gubernaturas de 2027 (INE/CG664/2026).
La asociación consideró que postular al menos nueve mujeres en las diecisiete gubernaturas no garantiza, por sí mismo, oportunidades reales de triunfo.
Al resolver el caso, la Sala Superior del TEPJF confirmó el acuerdo del INE: consideró que sí contiene mecanismos suficientes para supervisar el cumplimiento de la paridad sustantiva y evitar que las mujeres sean relegadas a las entidades federativas menos competitivas (SUP-JDC-554/2026 y acumulado).
¿En qué argumentos se basó esta determinación?
En primer lugar, recordemos que la Sala Superior cuenta con una jurisprudencia muy amplia y robusta, incluso de carácter histórico, en materia de paridad sustantiva o material de género aplicable a las elecciones.
Así, en relación con el punto controvertido de este asunto, en el marco del proceso electoral de 2021, la Sala Superior vinculó a los partidos políticos a postular al menos siete candidatas a las gubernaturas, al estimar que la falta de regulación no debía traducirse en incumplimiento de su derecho a acceder a dichos cargos (SUP-RAP-116/2020 y acumulados).
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se confirmó que la paridad sustantiva no consiste únicamente en contar candidaturas, sino en garantizar oportunidades reales de participación política para las mujeres.
Se sostiene que no basta con postular mujeres en algunas entidades competitivas. Debe analizarse la distribución territorial de las candidaturas en su conjunto, para evitar que sean relegadas a aquellas en las que sus posibilidades de triunfo sean menores.
Sin embargo, se determinó que no es indispensable imponer una metodología única a los partidos políticos al respecto, siempre que sus criterios sean verificables y estén sujetos a supervisión y corrección. ¿Por qué esto es así? Estos son los aspectos fundamentales:
Competitividad objetiva. Los partidos deben establecer criterios objetivos, verificables y suficientes, sujetos a la revisión de la autoridad electoral. La libertad de autoorganización permite a cada partido diseñar su propia metodología, conforme a su normativa interna y circunstancias particulares.
Su aprobación por el órgano partidista competente no basta para acreditar su validez, pues el INE debe revisar su objetividad, suficiencia y conformidad con el mandato constitucional de paridad.
Supervisión integral. El INE debe verificar tanto la distribución nacional de candidaturas como la aplicación efectiva de los criterios de competitividad.
La supervisión debe realizarse en distintos momentos: primero, mediante la revisión del diseño y la suficiencia de los criterios partidistas; después, al presentarse las solicitudes de registro, mediante la comprobación de su aplicación efectiva en el conjunto de las postulaciones. La aprobación inicial de una metodología no equivale a tener por cumplida la paridad sustantiva.
Corrección de desigualdades. El cumplimiento numérico no exime a los partidos de corregir posibles incumplimientos de competitividad. Aun cuando un partido postule al menos nueve mujeres, deberán corregirse las deficiencias detectadas en la distribución de candidaturas.
El acuerdo del INE contempla requerimientos, medidas correctivas y consecuencias ante posibles incumplimientos. Por tanto, satisfacer la exigencia numérica no dispensa de observar las obligaciones cualitativas de paridad.
Este caso es muy útil para confirmar que la garantía de paridad sustantiva exige mucho más que el cumplimiento de una cuota. Impone a los partidos la obligación de diseñar, justificar y aplicar criterios de competitividad que permitan a las mujeres acceder a oportunidades efectivas de participación y triunfo.
En ningún caso, la libertad de autoorganización partidista puede convertirse en una justificación para eludir las exigencias constitucionales de la igualdad.
La sentencia deja una regla clara: los partidos pueden decidir cómo medir la competitividad, pero no pueden usar esa libertad para enviar a sus candidatas a los estados donde no tienen posibilidades. El INE tendrá que revisar las metodologías, verificar cómo se aplican en cada registro y ordenar correcciones cuando la distribución no se sostenga.
Postular mujeres es una obligación constitucional; postularlas para que ganen, también.



