Ni un día más tras las rejas para Juana Hilda

La acusada reclamó haber sido víctima de coerción psicológica y, sin embargo, las autoridades menospreciaron su decir, en vez de investigar 

Hace un par de años, cerca de su casa ubicada al sur de Ciudad de México, María Isabel Miranda de Wallace citó a un viejo conocido, de la época en que lideraba al gremio de los publicistas de exteriores. Cuenta el interlocutor que se miraba demacrada. “Tenía sobre todo miedo,” afirma la fuente bajo la condición de que su nombre no sea revelado. 

Miedo, según explicó, a perder todo por lo que había luchado durante casi dos décadas. En esa conversación reconoció que quizá había cometido actos ilegales, pero aseguró que todo cuanto hizo fue para asegurarse de que los criminales que habían destazado el cuerpo de su hijo se pudieran en la cárcel. Relata el testigo que se quedó petrificado ante tales confesiones y no volvió a verla. 

¿De qué tuvo realmente miedo la señora Wallace? Ella explicó que temía a sus adversarios políticos; muy probablemente también le provocaba ansiedad perder la reputación social y el poder que construyó, primero, gracias a la fabricación de un crimen y luego, por haberse convertido en la defensora del discurso de la demagogia punitivita al que contribuyó sin descanso y que terminó por atraer muchísimos adeptos. 

El próximo miércoles 11 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el caso que, en el 2006, catapultó la fama de la señora Wallace. Debido a su reciente y oportuna muerte, no podrá asistir para confirmar sus temores, aunque su legado se enfrentará a una crítica dura por parte de las y los ministros que discutirán el amparo contra una sentencia de 78 años de prisión, presentado por Juana Hilda González Lomelí, una de las integrantes de la supuesta banda que habría plagiado al hijo de la señora hace casi 20 años. 

La solicitud de atracción que hizo la Suprema Corte estuvo a cargo de la ministra Margarita Ríos Fajart, quien ponderó la relevancia que tiene este caso para el sistema mexicano de justicia. Entre otros temas, importa que Juana Hilda no haya sido juzgada con perspectiva de género y también que el resto de sus coacusados, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, así como César Freyre, hayan sido víctimas de violencia física dentro de los edificios del Estado. 

El proyecto de sentencia, que se discutirá el miércoles 11 de junio, está firmado por otro ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Aunque se trata de un documento de solo 40 páginas, es un texto jurídico agudo y preciso que desestima, por un lado, las endebles pruebas con las que se condenó a la mujer que presuntamente habría servido para conducir a la víctima con sus verdugos. 

Del otro, se aprovechan las características peculiares de este caso para invocar los principios del derecho constitucional que vacunan contra la demagogia ostentada por la señora Wallace y por tantos otros que aún comparten su visión de justicia, o mejor decir, que la confunden con la venganza. 

Isabel Miranda fue de las primeras líderes sociales que propuso en México al Ejército como una solución radical para resolver los problemas de seguridad pública, pidió también pena de muerte para secuestradores y castración para violadores. Para ella, la paz ausente en el país sólo podría alcanzarse con más penas, más prisiones, más uso de la fuerza y mayor represión. 

Su relación con la tortura fue obviamente tolerante. Solía quejarse de los inculpados que invocaban protección a sus derechos y desestimaba a quienes reclamaban haber sido coaccionados físicamente. Convenció incluso, en 2010, al presidente Felipe Calderón de que en México los derechos de los victimarios estaban mejor protegidos que los derechos de las víctimas. Así lo expresó aquel mandatario cuando entregó a la señora Wallace el premio nacional de los derechos humanos. 

En contraste, el amparo que se discutirá en la Corte la próxima semana centra el error cometido por el Ministerio Público y los jueces cuando consideraron como prueba válida una confesión obtenida mediante tortura. 

Demuestra con solvencia Gutiérrez Ortiz Mena que Juana Hilda reclamó varias veces haber sido víctima de coerción psicológica y, sin embargo, las autoridades menospreciaron su decir, en vez de investigar este hecho delictivo. 

Si el proyecto de sentencia logra mayoría en la primera sala, después de 19 años, Juana Hilda saldrá caminando libremente de la cárcel. De esta decisión de la SCJN deberían derivarse consecuencias penales contra los perpetradores de la tortura. Destacan, entre otros funcionarios, quienes condujeron la investigación del caso Wallace y, según testimonios creíbles, comandaron la violencia en contra de los falsos secuestradores. 

¿Dónde se encuentra hoy estos sujetos? Continúan laborando para una Fiscalía General de la República (FGR), una institución indiferente ante las arbitrariedades cometidas por sus subordinados. 

La FGR debería también concluir que no hay delito a perseguir en contra de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, quienes aguardan sentencia – en primera instancia – desde hace más de tres lustros por este mismo asunto.

En la hipótesis muy posible de que la FGR se abstenga de intervenir, sería deseable que, dado el desvanecimiento de pruebas –ocurrido con el desechamiento de la confesión de Juana Hilda– la jueza responsable decrete la inocencia para Quevedo y Tagle. 

Respecto a los hermanos Castillo y César Freyre, una solicitud de amparo similar espera respuesta desde hace más de cinco años en el Octavo Tribunal Colegiado. La resolución de la Corte en el caso de Juana Hilda González debería ser imitada por las y los magistrados de ese órgano en un plazo muy breve. 

Cabe, sin embargo, temer que el cambio de personas juzgadoras, derivado de la reciente reforma judicial, arroje a estas víctimas a vivir todavía un largo purgatorio. Puede pasar demasiado tiempo de aquí a que lleguen las nuevas personas juzgadoras y se ocupen de los expedientes pendientes. Por ello, un llamado de la primera sala al tribunal y los juzgados sería deseable para evitar dilaciones. Después de casi dos décadas, las víctimas de esta maquinación judicial, urdida por la señora Wallace, no se merecen un día más tras las rejas.