En el territorio mexicano existe una herida que no deja de supurar: la desaparición de personas. Lo que comenzó como un fenómeno focalizado se ha transformado en una crisis humanitaria de dimensiones estructurales. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como de diversas organizaciones no gubernamentales, señalan que la cifra ha superado el umbral de los 130 mil casos, un número que no sólo representa estadística, sino una falla sistémica en la garantía del derecho a la libertad y a la seguridad jurídica.
Desde una perspectiva jurídica, México cuenta con un andamiaje que, en el papel, parece robusto. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada el 17 de noviembre de 2017, estableció tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las bases para la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la creación de fiscalías especializadas.
Los tratados internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y la Convención Interamericana en la materia, obligan al Estado mexicano no solo a la búsqueda, sino a la investigación, persecución y sanción de los responsables. No obstante, dicho mandamiento, el índice de impunidad de estos delitos ronda el 98%, lo que constituye una negación a la justicia.
La reciente estrategia gubernamental, si bien fortalece las Comisiones de Búsqueda, el proceso de "actualización del censo" ha sido recibido con escepticismo por colectivos de familiares y organismos internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha sido enfático en sus recomendaciones: la búsqueda debe ser inmediata, con enfoque diferenciado y, sobre todo, bajo la presunción de vida. Las advertencias internacionales subrayan que el problema no es solo la falta de recursos, sino la colusión institucional y la carencia de una política forense eficaz.
El sistema presenta fallos críticos en la cadena de custodia y en la identificación humana. Con más de 52 mil cuerpos sin identificar en anfiteatros y fosas comunes, México atraviesa una "crisis forense" que paraliza el derecho a la verdad, esto representa una violación continua de derechos humanos, ya que la desaparición es un delito de carácter permanente mientras no se establezca el paradero de la víctima o se identifiquen sus restos.
En conclusión, la crisis de desapariciones muestra que el desafío no radica sólo en contener la violencia, sino en desarticular la impunidad que arrebata a un ser querido sin dejar rastro. Cumplir los tratados internacionales no puede ser una simulación diplomática; debe ser una ruta vinculante para frenar la parálisis forense que detiene el derecho a la verdad. Mientras el Estado no transite de la fría administración del dolor al acompañamiento digno de las familias que buscan bajo la presunción de vida, la desaparición forzada seguirá siendo la deuda más profunda de nuestra democracia y una afrenta intolerable a la dignidad humana. Es tiempo de mujeres.
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