El pasado 25 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en su edición 2025. Este ejercicio estadístico nos recuerda la deuda histórica con la infancia y la adolescencia en nuestro país. La información obtenida confirma que el trabajo infantil es un síntoma profundo de la desigualdad estructural que aún fractura a nuestra sociedad desde sus cimientos más vulnerables.
Para dimensionar la problemática la encuesta utilizó tres categorías fundamentales de clasificación: el trabajo infantil propiamente dicho, las ocupaciones peligrosas (definidas a partir de la edad mínima de acceso al trabajo y los parámetros de la Ley Federal del Trabajo) y los quehaceres domésticos realizados en condiciones inadecuadas, sea por jornadas prolongadas, exposición a sustancias químicas, riesgo de quemaduras, cortaduras o el manejo de cargas físicas excesivas.
Bajo estos parámetros, los números revelan que en México 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan algún tipo de trabajo infantil de los cuales, 1.9 millones laboran en condiciones peligrosas, cargando con responsabilidades incompatibles con su etapa de desarrollo y aprendizaje.
La encuesta detalla también una persistente división de género en estas dinámicas de vulneración. Mientras los hombres se incorporan en mayor proporción a las actividades productivas y ocupaciones peligrosas, las niñas cargan con el peso invisible de los quehaceres domésticos intensivos. Detrás de estas ocupaciones se cruzan múltiples realidades: la necesidad económica, el deseo legítimo de ayudar en el hogar o, con mayor frecuencia, los impactos devastadores de crisis domésticas severas (falta de ingresos, enfermedades, violencia, inseguridad).
Los sectores económicos donde se concentra esta realidad son principalmente el agropecuario, el comercio y los servicios. Geográficamente, el problema adquiere rostros muy definidos: las tasas más altas de ocupaciones peligrosas se concentran en entidades como Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Puebla y Michoacán. En tanto, el trabajo infantil generalizado castiga con mayor dureza al sur del territorio nacional, sumando a los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, todos con incidencias que superan la media nacional.
La vulnerabilidad no se distribuye de manera equitativa; se cruza implacablemente con la condición étnica, la discapacidad y el origen. Las niñas indígenas registran más horas de trabajo doméstico no remunerado, mientras que los niños indígenas enfrentan mayores tasas de ocupación prohibida y peligrosa. Un patrón similar se repite entre la población infantil afrodescendiente y aquellos menores de edad con alguna discapacidad, demostrando que existen condiciones que exacerban las desventajas desde los primeros años de vida.
Si bien se advierte un avance al lograr una disminución de casi siete puntos porcentuales en la tasa de trabajo infantil entre 2007 y 2025, también es cierto que reducir la estadística no equivale a haber erradicado el trasfondo del problema. Cada niño o niña que abandona las aulas para sostener con sus pequeñas manos una jornada laboral representa una derrota para el Estado de Derecho y para la sociedad en general.
Garantizar que la infancia se desarrolle en plenitud, con la certeza absoluta de que su único deber es aprender, jugar y crecer protegidos, sigue siendo el gran pendiente institucional de nuestra democracia. La ley prohíbe estas prácticas, pero la realidad las sostiene, exigiendo una sociedad consciente y sobre todo políticas públicas que transformen en redes de bienestar capaces de romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, devolviendo a la niñez y las juventudes el futuro que por derecho propio les pertenece.
*Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
