Los primeros tribunales adoptaron la inteligencia artificial empujados por el rezago: Brasil, con decenas de millones de juicios pendientes; Colombia, con más de seiscientas mil tutelas anuales; además de Argentina y China. Empezaron con tareas modestas: clasificar asuntos, detectar recursos repetidos, transcribir audiencias y suprimir datos personales antes de publicar sentencias. Algunos ensayaron herramientas que sugieren proyectos de resolución o calculan riesgos. Quedó una regla compartida: la máquina ordena, resume y alerta; el juez decide.
Los mejores resultados están en la trastienda. En el Supremo Tribunal Federal de Brasil, VICTOR redujo de 44 minutos a 5 segundos el examen preliminar de cada recurso. PretorIA, de la Corte Constitucional colombiana, hace en menos de dos minutos lo que a una persona le toma un día. La Corte de Casación francesa seudonimiza una sentencia en cuatro segundos y, en Shenzhen, un modelo de lenguaje permitió que cada juez resolviera en 2025 un promedio de 249 asuntos más que el año anterior. Son cifras de los tribunales, aún sin auditorías independientes sobre la calidad de sus fallos.
El conflicto entró por los escritos de los litigantes. Al 27 de septiembre, la base de datos del investigador Damien Charlotin registraba 2,086 resoluciones mundiales con citas inventadas por la IA; 1,430 son de Estados Unidos. Las sanciones pasaron de 5,000 dólares en Mata contra Avianca (2023) a más de 110,000 en Couvrette contra Wisnovsky, y ya hay abogados suspendidos en Estados Unidos y Chile. En Brasil se multó a quienes ocultaron instrucciones en texto blanco para manipular la IA del tribunal. Los jueces tampoco han salido indemnes: en Colombia y la India se anularon resoluciones por citas inexistentes.
México no parte de cero, pero tampoco tiene un sistema. En 2025, un tribunal colegiado civil federal calculó con ChatGPT, Gemini y Grok una garantía; del asunto derivaron dos tesis aisladas, una de las cuales exige transparencia y supervisión humana. El 4 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte aprobó usar IA en sus ponencias sin precisar herramienta, proveedor ni lineamientos.
La falta de reglas pesa más en el Poder Judicial de la Federación. Muchas de las 881 personas juzgadoras electas en 2025 asumieron órganos con asuntos en trámite, criterios ajenos y rezago acumulado. Todo relevo requiere tiempo para dominar el acervo. Un asistente institucional que localice precedentes y resuma constancias acortaría esa curva sin intervenir en la decisión.
El beneficio mayor estaría en los expedientes que nadie alcanza a leer a tiempo. Los procesos por delincuencia organizada acumulan miles de fojas, decenas de inculpados, horas de comunicaciones intervenidas y peritajes contradictorios; muchos aún se tramitan por escrito bajo el sistema penal anterior. Una herramienta bien diseñada podría indexar tomos, transcribir audiencias, construir cronologías, cruzar declaraciones para detectar contradicciones y avisar cuando esté por vencer un plazo de prisión preventiva. Esa labor hoy absorbe a secretarios y proyectistas.
Ese beneficio exige cautelas: reglas previas que distingan usos permitidos y prohibidos, herramientas institucionales en servidores seguros, constancia en autos de la intervención de la IA y acceso de la defensa a los mismos instrumentos. La Suprema Corte ya decidió usar la inteligencia artificial, falta que defina como.
