Los diputados tienen la Ley de Amparo en sus manos
Justo en medio de las fiestas patrias, el 15 de septiembre, la presidenta envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Amparo.
Los objetivos declarados son ambiciosos y, en principio, positivos: agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia. Además, se apuesta por la digitalización de trámites y la firma electrónica. Esto beneficiaría enormemente a comunidades rurales y a pequeñas empresas. Ahora se podría interponer un amparo sin los costosos y lentos desplazamientos. Pero junto con estos avances, la iniciativa también incluye modificaciones que han encendido las alertas.
Tres aspectos merecen especial atención
1) Se propone limitar la llamada "suspensión provisional", especialmente en materia fiscal y penal. En la exposición de motivos se hace referencia al abuso de esta figura por parte de grandes contribuyentes o en delitos como el lavado de dinero. La suspensión ha obligado a desbloquear montos significativos que habían sido congelados como parte de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las grandes empresas podrían afrontar el congelamiento de sus cuentas mientras se resuelve el amparo, pero muchas PYMEs no. Al dejarles sin posibilidad de suspender el acto de la UIF, podrían verse forzadas a cerrar. Cabe aclarar que, si se acredita la elusión fiscal o el lavado de dinero, es justo que no se conceda el amparo y se embarguen las cuentas, pero para ello es indispensable que la mala actuación se pruebe ante un juez.
En casos de prisión preventiva oficiosa, la persona ahora quedará "a disposición del juez de amparo, y para ningún otro efecto". Esto equivale a regresar a la figura de libertad provisional bajo caución, previa a la reforma penal de 2008. Es decir, se exige una garantía económica, lo que limita el acceso a la justicia para personas de bajos recursos.
Además, la iniciativa propone eliminar los efectos generales de las suspensiones contra leyes que afecten los derechos de personas o colectivos.
2) Se busca restringir el "interés legítimo". La reforma impediría que los jueces, dependiendo del caso, amplíen la protección de derechos. Se impone una definición cerrada que resulta regresiva en términos de protección de derechos humanos.
3) Quizás lo más preocupante: se relajarían las responsabilidades para las autoridades que incumplan sentencias de amparo. El amparo podría seguir existiendo, pero perdería fuerza para hacerse cumplir.
Consecuencias económicas
El debilitamiento del amparo tendría repercusiones que van más allá de los tribunales. Esta reforma asume que las autoridades son santas. En la práctica sabemos que no están libres de pecado y los altos niveles de discrecionalidad pueden a su vez elevar el riesgo del abuso. El costo de dicho riesgo será ponderado por el sector privado.
La certeza jurídica que hasta ahora ha ofrecido el amparo es fundamental para la confianza inversionista. Minarla aún más podría afectar los flujos de capital en un momento donde el país requiere precisamente lo contrario: fortalecer su credibilidad institucional para generar desarrollo económico sostenible.
Hacia un equilibrio sensato: modernizar sin debilitar
El debate en el Senado hace unos días mostró que es posible mejorar las iniciativas mediante el diálogo. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados continuar este proceso con altura de miras. Los diputados tienen en sus manos una decisión que marcará el futuro de nuestros derechos por muchas décadas.
