La violencia contra las mujeres no se combate solo con leyes

La fortaleza de un Estado democrático no se mide por el número de leyes que aprueba, sino por su capacidad para proteger a las víctimas, garantizar sus derechos y exigir cuentas a quienes violentan la ley, sin importar el cargo, el poder o la influencia que tengan.

Todos los días, las redes sociales y los espacios oficiales difunden programas gubernamentales para prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, esos mismos medios informan diariamente sobre feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia sexual y violencia vicaria. La pregunta es inevitable: ¿por qué, si existen tantos programas y un amplio marco jurídico, la violencia sigue creciendo?

La respuesta es que la violencia feminicida no se combate únicamente con nuevas leyes. Requiere instituciones que funcionen, fiscalías especializadas con recursos suficientes, ministerios públicos capacitados, juezas y jueces que juzguen con perspectiva de género, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.

En ese contexto, la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio representa una oportunidad importante. Homologar el tipo penal, fortalecer los protocolos de investigación, garantizar la reparación integral del daño y establecer mecanismos nacionales de prevención son avances necesarios. Pero debemos reconocer que el principal problema de México no es la ausencia de leyes, sino la enorme brecha entre lo que establece la norma y lo que viven las mujeres todos los días. Los presupuestos lo hacen evidente y la falta de recursos debe llamar nuestra atención.

El caso de María Felicia Jiménez vuelve a evidenciar esa realidad. Muchas personas cuestionaron su decisión de llegar a un acuerdo reparatorio con su agresor, pero pocas se preguntaron bajo qué circunstancias tomó esa determinación. Ella misma ha reconocido su dependencia económica y la difícil situación en la que se encuentra. Esa historia se repite miles de veces en México.

Muchas mujeres no denuncian porque dependen económicamente de quien las agrede; porque tienen hijos e hijas; porque no cuentan con dinero para pagar una abogada; porque desconocen sus derechos; porque temen represalias; porque saben que el proceso será largo, revictimizante y, muchas veces, inútil. Otras abandonan los procedimientos porque el sistema simplemente las deja solas.

Por ello, la respuesta del Estado debe ser integral. No basta con castigar cuando la violencia ya escaló. Se requieren apoyos económicos, refugios, asesoría jurídica gratuita, atención psicológica, medidas de protección inmediatas y condiciones que permitan a las mujeres romper el círculo de la violencia sin poner en riesgo su vida o la de sus hijas e hijos.

Al mismo tiempo, resulta indispensable terminar con la percepción de que existen hombres intocables. Casos como los de Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio, Víctor Rodríguez Padilla o Gerardo Fernández Noroña han abierto un amplio debate sobre la manera en que las instituciones responden cuando quienes enfrentan denuncias ocupan posiciones de poder o influencia. La ley debe aplicarse con el mismo rigor para todas las personas. La justicia selectiva también genera impunidad.

La violencia vicaria merece una reflexión especial. Utilizar a las hijas y los hijos para controlar, castigar o someter a una mujer constituye una de las expresiones más crueles de la violencia de género. Cuando existen elementos suficientes para acreditarla, la actuación del Estado debe ser firme y con la debida diligencia, privilegiando siempre la protección de las víctimas.

Las mujeres no necesitan más discursos. Necesitan instituciones que respondan, presupuestos suficientes, justicia oportuna y autoridades que comprendan que la perspectiva de género no es un privilegio: es una obligación constitucional y un requisito indispensable para garantizar los derechos humanos.

Solo entonces podremos decir que el Estado mexicano está verdaderamente del lado de las víctimas y no del lado del poder. Porque mientras una mujer tenga que elegir entre denunciar o sobrevivir, la deuda con la justicia seguirá vigente.