Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron a las calles esta semana en una veintena de ciudades del país. Su exigencia principal es un aumento salarial cercano al 10%, pero en sus mantas y pancartas señalan también la falta de nueva infraestructura, el desabastecimiento de insumos y medicamentos y la necesidad de contratar más personal. Las protestas son el síntoma de una enfermedad crónica que desde hace años aqueja al principal servicio de salud pública de México.
“El IMSS en teoría tendría que estar funcionando bien, porque todas las personas y los patrones estamos aportando: en 2025 tuvo un presupuesto de 634.000 millones de pesos, entonces en teoría no debería estar precario”, razona Mariana Campos, directora general del centro de pensamiento México Evalúa, donde han dedicado varios informes al sistema de salud público de México. “Lo que ocurre es que su presupuesto en infraestructura médica, que incluye tanto edificios como equipamiento médico, se ha subejercido año tras año”.
De acuerdo con Campos, al revisar el presupuesto de 2016 a 2025, encontraron que el IMSS dejó sin ejercer, en promedio, un 27% de lo previsto para inversión cada año. Es decir, no gastaron todo lo que podían. Para 2027 se proyecta un gasto en inversión física de 50.000 millones de pesos para el instituto, el monto más alto de la última década, “pero es fundamental garantizar que los recursos proyectados se traduzcan en una ampliación efectiva de la capacidad de atención, que no quede en papel, ya que hay un estancamiento de la infraestructura médica.
“Hemos identificado que, desde 2007, el número de unidades de tercer nivel, que es el más especializado, se ha mantenido en 36 hospitales, mientras que las unidades de primer nivel han rondado los 1.500 centros desde el año 2000, de acuerdo con los datos más recientes”, dice Campos. “La gran pregunta es por qué subejercen este presupuesto de infraestructura”, cuestiona.
El pasado julio, desde la presidencia, se anunció una inversión de 181.000 millones de pesos para que, con miras al 2030 y dentro del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, haya 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones y mejoras mayores. La idea es pasar de 96.000 camas a 106.000. En el IMSS, concretamente, crear 13.000 nuevas camas. En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, según dijo entonces el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, se han concluido 30 proyectos que suman 1.474 camas nuevas que ya están operando.
De acuerdo al informe Panorama de la Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México está en varios indicadores a la cola de este grupo. En camas hospitalarias, hay una plaza por cada 1.000 habitantes. La media es 4,2. En médicos y personal de enfermería, son 2,7 y 4,2 por cada 1.000 habitantes, frente a la media de 3,9 y 9,2. Además, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que el gasto público en salud sea de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). En México, desde hace ya casi dos décadas, se mueve en una horquilla de entre 2,3% y 2,7%. Para 2027, si se mantiene lo previsto, será el más alto de los últimos 20 años: 1,14 billones de pesos, un 2,9% del PIB.
“Históricamente, el IMSS recibe el mayor presupuesto de las instituciones públicas de salud, pero como también es la que tiene más derechohabientes, entonces hay muchas carencias de infraestructura y de abasto de insumos, unos problemas que son recurrentes y crónicos, a los que hay que sumar un cambio en el patrón sociodemográfico que presiona más el servicio”, explica Janet Oropeza, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la organización Fundar. Oropeza lanza un dato: en 2025, el IMSS no surtió casi ocho millones de recetas, es decir, millones de pacientes no pudieron acceder a los medicamentos en el sector público y tuvieron que recurrir al privado.
Este desabastecimiento de medicamentos en México es uno de los grandes problemas heredados de la Administración de Andrés Manuel López Obrador a la de Sheinabum. El problema viene desde 2019, cuando López Obrador, con el argumento de combatir la corrupción, cambió el sistema de compras para que en lugar del experimentado Instituto Mexicano del Seguro Social se hiciera cargo una inexperta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, vetaron a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país, con acusaciones de oligopolio.
Desde entonces, el país no ha logrado tener un abastecimiento estable, pasando por diversos proyectos para intentar solucionarlo, que incluyen una fallida intervención de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la inoperante Megafarmacia del Bienestar y la cancelada Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, que es una vuelta al modelo previo a la llegada de la Cuarta Transformación. Pese a declaraciones triunfalistas de que el problema está solucionado, las quejas ciudadanas han seguido recordando que en los hospitales públicos faltan fármacos. Este falta de provisión ha llevado a la creación de un ecosistema criminal que importa, fabrica y distribuye medicinas falsas, que se ha multiplicado por cinco desde 2018.
El Instituto Mexicano del Seguro Social fue fundado en 1943 para atender a los trabajadores formales y con los años se añadieron otras instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); pero México desde finales del siglo XX tiene el problema de cómo atender a las personas de la economía informal, más de la mitad de la población ocupada. Así, en 2003 se creó el Seguro Popular, y fue la primera vez que se hizo un proyecto claro de reglas y coberturas para personas sin seguridad social.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue una época de grandes cambios institucionales. Se sustituyó el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que fue un fracaso tal que hasta lo reconoció el propio López Obrador—lo llamó un “tropiezo administrativo”— y en menos de dos años se creó en su lugar el IMSS-Bienestar, que aunque comparte nombre no tiene que ver con el IMSS. En abril de 2026, la Administración de Claudia Sheinbaum publicó un decreto para crear el Servicio Universal de Salud. Este marca que a partir de enero de 2027 los sistemas de salud del Estado—IMSS, ISSSTE , IMSS-Bienestar y demás— se unificarán, pero hay más dudas que certezas sobre cómo funcionará el nuevo plan.
Tanto Oropeza como Campos están preocupadas por cómo será la implementación. “Todavía no sabemos cómo va a operar: si es un convenio, que es que cualquiera pueda ir a cualquier institución, eso va a generar una mayor presión en el IMSS, ya que es donde hay más servicio y red”, vaticina Oropeza. Campos, por su parte, se pregunta de dónde va a salir el dinero. “Si el IMSS está así ahorita, y te traen pacientes que no han aportado, ¿quién lo va a financiar?”. Campos cree que el Estado debería financiar de los presupuestos generales directamente a las personas sin tener un trabajo formal que acudan al IMSS.
