Durante años se ha repetido que México es un país con una gran riqueza energética y, en buena medida, esa idea sigue presente cuando hablamos de petróleo, gas y electricidad.
Sin embargo, al mismo tiempo hemos construido un sistema que utiliza cada vez más gas fósil importado desde Estados Unidos, al grado que hoy una parte muy importante del que consumimos viene del otro lado de la frontera, y eso crea una contradicción que vale la pena analizar con un poco más de cuidado.
Se suele sugerir que es porque el gas estadounidense es barato, está cerca y resulta más conveniente comprarlo que producirlo aquí, sobre todo se argumenta que parte de los costos y riesgos de la extracción se quedan del otro lado.
Visto así parece una decisión práctica, el problema es que durante años México fue aumentando el uso de gas para producir electricidad, pero al mismo tiempo disminuía su capacidad para extraerlo en territorio nacional, por lo que poco a poco esa decisión terminó modificando la estructura del sistema energético.
Esto importa porque el gas no es un combustible marginal dentro de la economía mexicana, sino que tiene un papel muy importante en la generación eléctrica y en distintos procesos industriales.
Cuando una parte tan grande del suministro proviene de un sólo país, cualquier interrupción puede convertirse rápidamente en un problema interno, ya sea por una tormenta, una falla en la infraestructura, una decisión comercial o una situación política que afecte los flujos de gas.
Ya tuvimos una muestra de esto en 2021, cuando una tormenta invernal en Texas afectó el suministro hacia México y provocó cortes eléctricos en distintas regiones del país.
No fue necesario que existiera un conflicto político ni una decisión deliberada de cerrar el flujo, bastó con una emergencia climática en Estados Unidos para mostrar qué tan vulnerable puede ser un sistema cuando no controla completamente uno de sus insumos más importantes.
Frente a esta situación, muchas veces la respuesta termina siendo producir más gas en México, incluso mediante técnicas como la fractura hidráulica (fracking).
Pero eso no resuelve automáticamente la situación porque extraer gas no depende solamente de que exista el recurso en el subsuelo, también requiere tecnología, infraestructura, inversión, capacidad operativa y tiempo, además de que el fracking tiene impactos socioambientales y riesgos que tampoco se pueden dejar fuera de la discusión.
Por eso hablar de soberanía energética únicamente en términos de producir más gas resulta insuficiente.
México necesita pensar no sólo de dónde obtiene el combustible que consume, sino también qué tan expuesto está su sistema cuando buena parte de la electricidad y de la actividad industrial dependen de un flujo externo que puede alterarse por razones que están fuera de su control.
La discusión tendría que ser más amplia y considerar cuánto gas usamos, para qué lo usamos, quiénes lo están utilizando, así como qué otras opciones existen para reducir los riesgos del sistema.
No se trata simplemente de sustituir importaciones con extracción nacional, sino de construir una estructura energética con mayor margen de maniobra, más diversificada y menos vulnerable ante interrupciones externas, porque ahí es donde la idea de soberanía energética empieza a tener un sentido más concreto.
Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
Correo electrónico: gioconda15@gmail.com
