Doble fondo

Una de las prácticas que fueron más documentadas periodísticamente sobre actos de corrupción y malos manejos en tiempos del PRI y el PAN tenía que ver con la adjudicación directa de los contratos. Con el dinero, pues, que era entregado sin licitación hasta en ocho de cada diez casos, por ejemplo, durante la administración de Enrique Peña Nieto (79.6% de los contratos).

¿Cambió eso?

No con Andrés Manuel López Obrador, y por lo que leo, tampoco con el actual gobierno.

Veamos datos…

En los primeros tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum (1° de octubre-31 de diciembre 2024), la mayoría de los contratos sí se otorgaron por licitación pública. De los 6 mil 145 contratos entregados, 4 mil 562 fueron por licitación (el 77.4%), en tanto que sólo el 22.6 % se dio por adjudicación directa.

Es decir, que todo iba bien, ya que sólo dos de cada diez contratos se adjudicaron sin competencia alguna, rompiendo con los métodos del prianismo que luego copiaron los funcionarios de AMLO.

Pero… recientemente EL UNIVERSAL documentó que, en su primer año, el actual gobierno federal finalmente sí priorizó las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones, lo que derivó en la obtención de contratos multimillonarios en beneficio de miles de empresas públicas y privadas, de acuerdo con el reportaje de mi colega Antonio López Cruz.

“Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, la Federación ha hecho públicos 81 mil 862 contratos, de los cuales 53 mil 690, equivalentes a 65%, se han entregado por adjudicación directa bajo el argumento de tratarse de urgencias, eventualidades, casos fortuitos o de fuerza mayor, excepciones o licitaciones desiertas, entre otras justificaciones”, escribió Antonio.

Al menos seis de cada diez de esos contratos, adjudicados directamente sin licitación ni nada. ¿Por? Urgencias. Eventualidades. Casos fortuitos. Casos de fuerza mayor. Excepciones. Licitaciones desiertas. Me suenan mucho esos términos. Ah, ya recordé, son los mismos que usaba y esgrimía el gobierno de Peña Nieto.

Un contrato directo no es sinónimo de malos manejos, conflictos de interés o corrupción a secas, por supuesto, pero seis u ocho de cada diez adjudicaciones de este estilo es algo que sí prende las alertas porque justamente en eso se escudaron los de antes para hacer negocios millonarios a través de sus fees, por usar el término rimbombante que esgrimían los priistas boys de 2012-2018 para aludir a los moches que ellos les pedían a empresas a fin de garantizarles obras públicas (carreteras, por ejemplo).

“Yo adjudico un contrato, ponle de 500 millones, y mi fee es del 10%, 50 kilos. Todos ya lo saben, las empresas lo contemplan en sus gastos,”, alardeó una vez (ya muy borracho, quizá coco) uno de esos funcionarios arrogantes y enriquecidos del sexenio de Peña Nieto en una mesa donde no tenía idea que estábamos la hija de un periodista y yo… hasta que supo y enmudeció el resto de la tertulia.

Usos y costumbres del pasado que podrían estarse repitiendo hoy porque los mecanismos de adjudicación son los mismos: “En 2025, de los 75 mil 717 contratos entregados hasta el 25 de agosto, 52 mil 301 contratos se dieron por adjudicación directa, equivalentes a 69%, es decir, (prácticamente) 7 de cada 10 contratos se dieron mediante este mecanismo”, apuntó mi compañero reportero.

El dinero que se ha pagado en 2025 por concepto de los contratos adjudicados de manera directa suma esto: 259 mil 619 millones 493 mil 861 pesos. Mucha lana. Dejemos el fee que mencionaba aquel Peña Nieto Man, el 10%: podríamos estar hablando de un bisne de 25 mil millones, pero concedamos que sólo hubiera corrupción en el 10% de esos casos, así que tendríamos unos 2 mil 590 millones de posibles embutes, de moches.

Habrá que investigar muy minuciosamente ese hábito prianista-morenista de conceder al menos 7 de cada 10 contratos por adjudicación y sus posibles fees porque, si no son iguales, cómo se parecen a los de antes en los hábitos de asignar contratos.