Durante buena parte de nuestra historia, la democracia mexicana se construyó sobre una contradicción difícil de justificar. Las mujeres contribuían al destino del país, pero permanecían excluidas de una de sus decisiones más importantes, elegir a quienes ejercían el poder público.
El 17 de octubre de 1953 esa exclusión encontró una respuesta constitucional. La reforma al artículo 34 reconoció expresamente la ciudadanía política de las mujeres y abrió una nueva etapa para nuestra democracia. Sin embargo, aquel reconocimiento no fue una concesión del poder, sino el resultado de décadas de lucha de quienes exigieron participar en condiciones de igualdad.
A 73 años de esa conquista, la conmemoración exige algo más que recordar una fecha. Nos obliga a reconocer cuánto hemos avanzado y, sobre todo, qué falta para que la igualdad deje de ser únicamente una promesa constitucional y se traduzca en una realidad.
La historia demuestra que reconocer un derecho es apenas el primer paso para garantizarlo. Las reformas constitucionales de 2014 y 2019 marcaron una transformación decisiva, al pasar de la paridad en la postulación de candidaturas a su reconocimiento como principio transversal en la integración de los poderes públicos.
A ello se sumó la reforma legal de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que fortaleció los mecanismos para proteger el ejercicio efectivo de sus derechos. Así, la democracia mexicana comenzó a transitar del reconocimiento formal de la igualdad hacia la construcción de condiciones reales para ejercer el poder público.
En esta transformación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desempeñado un papel fundamental. Un ejemplo es la jurisprudencia 11/2018, en la que estableció que las acciones afirmativas deben interpretarse procurando el mayor beneficio para las mujeres, reconociendo que la paridad no constituye un límite máximo a su participación, sino una herramienta para superar desigualdades históricas.
Esta evolución adquirió una nueva dimensión con la elección del Poder Judicial de la Federación en 2025. El INE, mediante el acuerdo INE/CG65/2025, estableció reglas para garantizar la integración paritaria de los órganos jurisdiccionales, entre ellas la conformación de listas diferenciadas por género, la asignación alternada iniciando con mujeres y mecanismos de ajuste para evitar su subrepresentación.
La Sala Superior también contribuyó a definir el alcance de estas reglas. En el SUP-JDC-1284/2025 y acumulados, consideró constitucionalmente válidos los criterios de paridad establecidos por el INE. Posteriormente, en el SUP-JIN-717/2025, confirmó una asignación de magistraturas de circuito que favoreció la integración paritaria, al reconocer que la votación debía armonizarse con el mandato constitucional de igualdad sustantiva.
Estos precedentes, por mencionar algunos, evidencian que la paridad no puede entenderse como una simple operación aritmética. Su aplicación exige reglas claras, respeto al voto ciudadano y decisiones jurisdiccionales que hagan compatibles los principios constitucionales que rigen las elecciones.
Sin embargo, los avances no significan que hayan desaparecido los obstáculos. La violencia política en razón de género y las prácticas discriminatorias recuerdan que acceder a un cargo no siempre equivale a poder ejercerlo en condiciones de libertad e igualdad.
Frente a estos desafíos, la justicia electoral debe actuar con firmeza y rigor jurídico. Proteger los derechos políticos de las mujeres implica remover barreras injustificadas, pero también resolver cada controversia con pruebas, argumentos y pleno respeto al debido proceso.
La democracia paritaria no se agota en alcanzar cifras equilibradas. Requiere instituciones independientes, capaces de garantizar que los derechos reconocidos por la Constitución tengan efectos reales en la vida pública.
Conmemorar el 17 de octubre significa honrar a quienes conquistaron el sufragio, pero también asumir que ninguna conquista democrática está definitivamente asegurada.
Hace 73 años, las mujeres exigieron que su voz contara en las urnas. Hoy, el compromiso constitucional es garantizar que también cuente donde se toman las decisiones.
Porque la igualdad no se cumple cuando se proclama, sino cuando se garantiza.
