Tres crisis al estilo Jalisco
Aunque en Guadalajara las jacarandas en flor no han llegado a su clímax, signo de que la primavera apenas toca la puerta, pocos como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ansían que llegue junio, que el año avance más rápido para ver si el Mundial borra su mala racha.
El 2026 no cumple aún tres meses, pero en Jalisco ya pinta para ser año horribilis. En lugar de ambiente de jolgorio por la proximidad de la tercera ocasión en que un Mundial de fútbol se llevará a cabo en la capital jalisciense, ese estado y su gobierno van de crisis en crisis. Para estas fechas, la expectativa era que la gente hablara del millonario remozamiento de la Minerva, rotonda emblemática de la ciudad cuyo lema —”Justicia, Sabiduría y Fortaleza custodian a esta leal Ciudad”— debería ser mera escenografía para Instagram.
En vez de eso, hoy son más famosas en el mundo entero las imágenes del cielo negro de Puerto Vallarta, ciudad golpeada como pocas por los narcobloqueos e incendios de los criminales tras la caída del Mencho el 22 de febrero. Ese día, en Tapalpa, bucólico pueblo serrano famoso por su bebida de granada, su queso y borrego a la leña, el Ejército Mexicano dio cuenta del criminal más buscado del mundo según Estados Unidos. Nemesio Oseguera, El Mencho, murió ahí sumergiendo a Jalisco en el caos.
De lo que ocurrió esa mañana no se puede culpar a Pablo Lemus. Los gobernadores de cualquier estado, incluso de uno que se disputa el podio del 1-2-3 nacional con el Estado de México y Nuevo León, poco valen frente al narco y menos a la hora de los balazos. Iniciada la rebelión criminal, Lemus hizo lo que cualquier jalisciense de bien: guarecerse en su casa. En ese pueblo de costumbres católicas, así la práctica vaya por otro lado como es Jalisco, el 22 fue un día de guardar. Su gobernador el primero. La calle, entera para los narcos.
La biografía política de Pablo Lemus tiene ya anotaciones sobre su manera única de interpretar eso llamado vacío de poder. Durante dos días, el gobierno fue de los criminales, dueños de calles y carreteras del estado. Al tercer día, en Jalisco cada quien resucitó a su manera. No eran los primeros narcobloqueos que padecía la entidad. Sí compiten por el silencio de su autoridad. ¿Dónde estuvo Pablo Lemus, gobernador del orgulloso estado libre y soberano de Jalisco? En las redes sociales, y no mucho. Y en una entelequia llamada Código Rojo.
Lo del Código Rojo merece unas líneas. El gobierno anunció en redes sociales que los cuerpos de seguridad asumían tan cinematográfico estatus. Todos vimos suficientes películas para saber que suena grave, pero si luego en la calle los oficiales ni rescatan gente, ni patrullan, ni sobrevuelan, no remueven autos o camiones quemados y menos enfrentan criminales, entonces eso de Código Rojo es una especie de decreto para Facebook: una etiqueta para registrar en nuestros perfiles de esa otra vida digital que todos los vídeos que vemos circular —delincuentes robando autos, prendiéndoles fuego, atacando elementos de la Guardia Nacional, bloqueando carreteras— formen parte de una jornada bautizada como el día del Código Rojo. Porque salvo ese anuncio, del gobierno estatal —y del federal lo mismo— no se tuvo ni la bendición.
Con todo, lo peor de esa crisis es que nadie puede darla por superada. Casi cuatro semanas después, Guadalajara —con su zona conurbada de casi seis millones de habitantes—, Vallarta y su docena de presos de alta peligrosidad aún sueltos, y múltiples pueblos y ciudades medias del estado siguen aguardando el siguiente golpe de unos criminales que, según análisis serios, están en modo “reorganización”. Es decir, no en retirada ni diezmados.
Lemus y su equipo, tanto el policíaco como el civil, no fueron líderes en medio del momento más sombrío. Tampoco son hoy la referencia en la discusión sobre lo que ocurrirá en la era post Mencho. La primera crisis de Lemus debería seguir en Código Rojo. ¿O alguien cree que Jalisco ha conjurado un escenario como el que azota a Sinaloa por la lucha de facciones criminales?
A la par, crecía el malestar por una decisión que recuerda, guardando proporciones, al gasolinazo de Enrique Peña Nieto. A finales de diciembre, el gobierno estatal dispuso un aumento en las tarifas del transporte público: de 9.50 a 11 pesos, alrededor de 15%, más de tres veces la inflación. La tarifa real es de 14 pesos, pero para acceder al subsidio se debía usar una tarjeta —de la marca Broxel— cuyo contrato fue percibido como discrecional y abusivo.
Frente a las críticas, Lemus respondió con gestos que agravaron la percepción pública, como rifar viajes. Al final, tuvo que recular: el 3 de marzo anunció que la tarjeta no sería obligatoria. Una rectificación que llegó en medio de otra crisis más compleja: el sistema de agua de la zona metropolitana lleva semanas suministrando agua contaminada a decenas de colonias, obligando a miles a recurrir a garrafones o pipas.
El caso derivó en comparecencias en el Congreso estatal y evidenció una desconexión del gobierno con la población afectada. Bajo el lema “Al estilo Jalisco”, Lemus ha intentado proyectar cercanía en redes y eficacia en la gestión. Sin embargo, lo segundo no se ha materializado.
Al estilo Jalisco, las crisis no deberían prolongarse ni evadirse. Pero hoy parecen definir a un gobierno marcado por la indolencia ante la inseguridad, el encarecimiento del transporte y la precariedad de servicios básicos. Mientras tanto, queda la esperanza de que el Mundial sirva como distracción ante un año que, por ahora, se perfila para el olvido.
