Reforma al amparo: una manzana envenenada de la A a la Z
Durante el puente patrio se presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que, disfrazada con la máscara de agilizar procesos judiciales y reducir la impunidad, busca darles a las autoridades una vía franca para la violación de los derechos de las personas. En pocas palabras: se pretende reformar el amparo desde una visión de lo que conviene al gobierno, no al ciudadano.
En nuestro país hay muy pocos instrumentos jurídicos pensados y desarrollados para que funcionen como un eficaz escudo protector en favor de las personas. ¿Protector de qué? Del uso arbitrario o abusivo del poder político que les quita o limita el ejercicio de sus derechos. El amparo es el mejor de ellos.
¿Cree usted que el SAT, la UIF o el resto de las autoridades administrativas no se equivocan en perjuicio de los ciudadanos? ¿Cree usted que, en las oficinas públicas, atestadas de expedientes, con servidores públicos mal capacitados y peor pagados, con un titular con brújula política y metas por cumplir, no están dispuestos a cerrarle su negocio, retirarle su permiso, negarle una autorización, congelarle su cuenta bancaria o meterlo a la cárcel, para que el problema sea de usted y no de ellos? ¿Usted cree que el aparato de gobierno no utiliza las herramientas jurídicas para presionar a periodistas, activistas, empresarios, abogados, notarios, contadores, comerciantes, sindicatos y en general cualquier ciudadano que le resulta incómodo?
Por supuesto, si el gobierno pretendiera vender su manzana envenenada ofreciéndola de esta manera, nadie la compraría. Por eso la embadurnó con propuestas útiles o deseables, como por ejemplo la precisión de algunos plazos, la implementación del amparo digital o la adopción de criterios jurisprudenciales en la redacción de algunos artículos. Pero la manzana envenenada ahí está: la iniciativa también propone dificultar, y en algunos casos eliminar, el otorgamiento de suspensiones a los actos de autoridad, aunque violen derechos.
Si fuera honesta, la iniciativa bien podría agregar a su exposición de motivos "la UIF congelaba ilegalmente muchas cuentas que luego jueces profesionales e independientes descongelaban, por lo que corrimos a esos jueces y ahora a los nuevos jueces les prohibimos suspender los actos de la UIF". La otra opción era profesionalizar a la UIF, pero eso exige más esfuerzo y menos control político.
¿En cuánto tiempo cree que las dos cámaras del Congreso de la Unión aprueben esta iniciativa? Interés legítimo, improcedencia de la suspensión por lesión del interés social en materia administrativa, combate al lavado de dinero, deuda pública, orden de aprensión, exención para las personas morales oficiales de presentar garantía, determinación de nuevos plazos y términos, sanciones por incumplimiento, limitación de la ampliación de la demanda, cumplimiento de las sentencias, actos administrativos de ejecución, recurso de revocación y juicio contencioso administrativo son algunos de los temas que, ojalá, se discutan en el Congreso de la Unión para que las y los legisladores comprendan mejor esta manzana envenenada, entre otras razones porque también ellas y ellos pueden llegar a necesitar de un amparo.
Finalmente, a esta manzana envenenada hay que ponerle un sello que diga exceso de edulcorantes, ya que en su propósito de venderla se llega al extremo de afirmar que ahora el amparo será accesible para más personas. ¿Cómo? Si ahora será mucho más complicado porque se crean más excepciones. Hacerlo accesible a más personas se lograría si a los ciudadanos se les exenta de otorgar garantías, como la redacción del artículo 137 propuesto se lo concede a cualquier ente público, incluidas las empresas de participación estatal de la marina y el ejército.
