Nos estamos hundiendo, y ningún Batman con sus batichicas nos salvará

Entre el lodo, los gusanos y el abandono institucional, las personas que habitan las zonas afectadas de Veracruz e Hidalgo intentan rescatar lo que queda de sus proyectos de vida. Las lluvias se llevaron casas, cuerpos y esperanzas, pero también dejaron al descubierto una verdad incómoda: esta no fue una tragedia natural. Fue una tragedia política.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, un "Batman" y sus "batichicas" representan lo más banal de una clase política que ha perdido toda noción de pudor. La sexualización y cosificación de las mujeres en la política no es novedad, pero el espectáculo reciente -entre selfies y ridículo- la volvió grotesca.

Y no solo por el diputado Monreal. También por las diputadas a quienes se les olvidó el morado "el feminismo", "el género", por una foto con un secretario de Estado y su posterior instrumentalización en manos del propio diputado. Viven su espectáculo mientras, en este país, la gente pierde poco a poco la fe en eso que seguimos llamando democracia.

De regreso al desastre: el río Cazones se desbordó, el agua se mezcló con hidrocarburos y decenas de personas murieron o desaparecieron. Pero entre los escombros no solo hay lodo y petróleo. Hay corrupción, negligencia y desvío de recursos.

En Poza Rica -una de las zonas más afectadas-, su alcalde denunció que se destinaron 14 millones de pesos para un muro de contención que debía proteger a la población. La obra tenía apenas un 10% de avance. El resto del dinero, dicen, "se fregó". Y aquí el Estado de derecho tiene algo que decir.

Peculado, ejercicio indebido del servicio público, homicidio culposo por omisión. Son figuras que describen lo que ocurre cuando la autoridad tiene el deber jurídico de evitar un daño, sabe del riesgo, cuenta con los medios para hacerlo y, aun así, no actúa. En lenguaje técnico, eso se llama omisión impropia: no hacer lo que se debía hacer y permitir, con esa inacción, un resultado fatal.

Cada peso no ejercido en obras públicas es una decisión.

Cada obra inconclusa en una zona de riesgo es una sentencia.

Y cada omisión institucional que deja a una comunidad expuesta al desastre no es un error: es una forma de violencia estructural.

Desde las normas que deberían aplicarse, la omisión no se mide por intenciones, sino por consecuencias. En Poza Rica, esas consecuencias son vidas perdidas. Y si el Estado tenía el deber de garantizar seguridad, infraestructura y protección ambiental, lo que estamos viendo no es un fenómeno climático: es una responsabilidad penal del Estado.

El cambio climático agrava los fenómenos naturales, sí, pero la corrupción los vuelve letales. Nuestro derecho sigue sin mirar hacia las omisiones institucionales que provocan desastres. Y mientras tanto, la narrativa pública prefiere culpar al ciudadano:

"para qué votan así",

"por qué viven ahí",

"qué esperaban".

Esa lógica invierte las responsabilidades: pone al pueblo en el banquillo y absuelve al poder.Pero la justicia no se construye con burla ni con donaciones: se construye con rendición de cuentas, con investigación penal y con reparación del daño.

Las zonas afectadas no necesitan caridad: necesitan justicia. Antes de donar, antes de compartir un mensaje de empatía, antes de volver tendencia el lodo, vale la pena recordar que las tragedias en México casi nunca son naturales. Son el resultado de decisiones políticas, presupuestarias y penales.

Y lo menos que podemos exigir no es una colecta, sino una investigación.

En Veracruz lo que se desbordó no fue solo el río Cazones: fue la negligencia del Estado.