Inteligencia artificial: clave en el TMEC, pero ausente en las prioridades estratégicas de México

Deberíamos poder afirmar que la inteligencia artificial (IA) está en el centro de la relación comercial entre Estados Unidos y México. Sin embargo, entre las prioridades de México en las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) —como las reglas de origen y otros sectores económicos estratégicos— ha sido difícil identificar con claridad cuál es la postura del país frente al desarrollo, uso y gobernanza de la inteligencia artificial en el mercado regional, así como frente a la protección de los datos que este modelo de integración digital requeriría.

Si bien parece mantenerse la intención de una negociación trilateral, nada garantiza que así termine. La prensa ha reportado interés por un nuevo protocolo bilateral entre México y Estados Unidos que se ocuparía de reglas de inversión extranjera. Sin embargo, es allí donde Estados Unidos, sin tocar el capítulo correspondiente, podría estar buscando incorporar nuevas disposiciones vinculadas a la economía digital para beneficio de sus empresas tecnológicas.

Las consultas públicas realizadas antes de la negociación concentraron al sector empresarial y estatal, dejando ausencias críticas en política digital que representan un riesgo para la autodeterminación —generalmente denominada soberanía— e innovación tecnológica mexicana. Estados Unidos parece tener claras las reglas que intentará imponer durante las negociaciones. Seguramente, como lo informan en Industry & Energy Magazine, incorporará un modelo regulatorio alineado con los intereses tecnológicos estadounidenses a través de estándares trilaterales sobre interoperabilidad, libre flujo de datos y una protección reforzada de la propiedad intelectual, para evitar medidas de localización de datos o impuestos digitales que fragmenten el mercado regional. Posiblemente, también querrá garantizar reglas de protección de datos a la medida de sus empresas.

El capítulo 19 del TMEC fijó las bases de un mercado digital integrado en América del Norte. Fue pionero en su momento al desarrollar cláusulas que Estados Unidos promovió después globalmente: libre flujo de datos, prohibición de obligaciones de almacenamiento y procesamiento de datos locales, eliminación de aranceles a transmisiones electrónicas y restricciones al acceso a código fuente y algoritmos. Son cláusulas que fueron incluyendo en otros tratados bilaterales y en discusiones en foros como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hoy en día, el contexto ha cambiado.

La concentración del desarrollo de la inteligencia artificial está redefiniendo la economía global y, con ella, las prioridades de la política comercial.

Desde Washington soplan nuevos vientos: ya no basta consolidar lo existente, buscan crear las reglas del próximo ciclo de infraestructura digital y tecnológica. Actores que influyen en las posiciones de Estados Unidos, tales como el CSIS y agrupaciones industriales como CCIA o ITI, proponen no reabrir el capítulo digital del TMEC, sino negociar un protocolo adicional enfocado en inteligencia artificial.

Allí se negociarían principios comunes de gobernanza, interoperabilidad regulatoria y coordinación en infraestructura, estándares de seguridad y desarrollo tecnológico. En apariencia, es una agenda técnica. En la práctica, es una estrategia de exportación normativa con implicaciones negativas para México en su economía, desarrollo tecnológico, medio ambiente y protección de la información generada por personas y empresas mexicanas.

Sin una visión consolidada sobre gobernanza de la inteligencia artificial que tome en cuenta el enfoque desregulador impulsado por Estados Unidos, México tiene pocas herramientas para negociar frente a las presiones de Washington. Mientras la Estrategia Nacional de IA propone una transformación digital basada en soberanía, justicia e interés público, también existen propuestas regulatorias fragmentadas y contradictorias que dificultan una posición coherente. Sin un acuerdo nacional, será difícil hacer frente a iniciativas impulsadas por sectores estadounidenses que quieren asegurar acuerdos a la medida de su desarrollo de la IA y vean esfuerzos regulatorios como acciones que inhiban el desarrollo de esta tecnología.

México necesita una gobernanza de IA más integral, democrática y articulada para defender los intereses públicos nacionales en las negociaciones comerciales con otros países. En ese contexto, la adopción de un protocolo con reglas sobre IA podría fijar, desde fuera, los límites de la política pública nacional antes de que el país defina la operacionalización de sus propias prioridades.

El riesgo no es menor. Bajo esta lógica, cualquier intento de regulación futura —en materia de protección de datos en contextos de automatización, plataformas o inteligencia artificial en sentido amplio— podría ser interpretado como una barrera comercial. Lo que se presenta como coordinación puede terminar reduciendo el margen de acción del Estado mexicano en un sector clave para el desarrollo.

Entonces, no se discuten solo reglas comerciales, sino las bases de la economía digital, los derechos asociados a ella y las condiciones de desarrollo tecnológico del país.

Si México no asume esta discusión con una visión estratégica, corre el riesgo de consolidar un modelo en el que simplemente adopta reglas diseñadas por otros, contrario a su interés en autonomía nacional en materia tecnológica. Lo que está en juego es la prosperidad tecnológica de México en el mundo digital del futuro, donde la preocupación por la explotación de los datos de las personas es central.