Democracia en riesgo: contra el imperio de los más ricos

Desde hace más de una década y en el marco del Foro de Davos donde se reúnen las élites globales, Oxfam publica un informe sobre extremas desigualdades económicas. En estos poco más de diez años, la noticia recurrente es que los más ricos en nuestras sociedades se siguen haciendo cada vez más ricos, en detrimento de las vidas de miles de millones de personas alrededor del mundo. El más reciente informe anual de Oxfam, titulado "Contra el imperio de los más ricos", muestra que nos encontramos en el punto más álgido de la concentración extrema de la riqueza tras más de una década dorada para los más ricos de nuestras sociedades.
En 2025, a pesar de las turbulencias económicas y geopolíticas, la fortuna conjunta de los milmillonarios -unas 3,000 personas en el mundo con una riqueza superior a los mil millones de dólares- creció tres veces más rápido que en los últimos cinco años en promedio, para alcanzar un máximo histórico de 18.3 billones de dólares. Sólo el año pasado, sus fortunas aumentaron en 2.5 billones de dólares, una cifra equivalente a la riqueza en manos de la mitad más pobre de la humanidad y que permitiría erradicar la pobreza extrema hasta 26 veces.
Uno sólo de ellos, Elon Musk, fue el primero en la historia en superar la barrera del medio billón de dólares y tiene hoy una fortuna de casi 780 mil millones de dólares, peligrosamente cerca de convertirse en el primer billonario -es decir, con una riqueza de un millón de millones de dólares- de la historia.
Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos o Europa. En América Latina y el Caribe se registra hoy un récord de 109 milmillonarios con una riqueza conjunta de 622 mil millones de dólares, casi equivalente al PIB anual combinado de Chile y Perú. Estas fortunas, de las cuales poco más de la mitad son producto de herencias, crecieron en un 39% tan sólo en el último año. El hombre latinocaribeño más rico en la actualidad, el mexicano Carlos Slim, obtuvo cada segundo de los últimos cinco años lo que una persona mexicana promedio ganó por una semana de trabajo, adicional a la fortuna que consolidó antes de la pandemia de COVID-19.
Pero no sólo se trata de que los más ricos han acumulado más riqueza de la que podrían gastar jamás, sino que cada vez resulta más evidente que la extrema concentración de sus fortunas es incompatible con una sociedad democrática.
Lo anterior no sólo ocurre porque la mayoría de los recursos en nuestras sociedades está en manos de unos pocos que deciden sobre estos, sino también porque ser poderosos económicamente les permite ser políticamente poderosos. Es decir, en un país tras otro, los más ricos han utilizado esta creciente riqueza para asegurarse el poder político necesario para definir las normas que conforman nuestras economías y que rigen las naciones.
En nuestros días, sin embargo, poco nos puede sorprender esta noticia pues escuchamos sus repercusiones cotidianas en los medios de comunicación y en las redes sociales: desde gobiernos por y para los ultrarricos que toman decisiones económicas y políticas para profundizar un sistema que sólo les beneficia a ellos, como recortes a sus impuestos mientras que las personas trabajadoras pagan cada vez más, hasta aspirantes a candidatos presidenciales que nadie ha elegido de manera democrática y cuyo único mérito es haber heredado fortunas que utilizan para consolidar una imagen pública favorecedora.
Este no es un fenómeno nuevo, sino uno cada vez más visible: las decisiones de unos pocos individuos fijan cada vez más las reglas económicas y políticas de un sistema que de por sí funcionaba para ellos. Lo hacen principalmente de tres formas: comprando el apoyo político, invirtiendo en legitimar el poder de las élites y garantizándose un acceso directo a las instituciones.
Cada vez invierten más dinero en las elecciones y tienen mayor dominio sobre los medios de comunicación, la inteligencia artificial y las redes sociales. Además, los milmillonarios tienen 4,000 veces más probabilidad de tener un puesto de elección popular que una persona común. Una cosa es comprar un avión privado o una mansión, pero otra muy distinta es comprar a un juez, un legislador o un periódico.
De esta forma, los gobiernos terminan poniéndose del lado de los más ricos, al priorizar los intereses del gran capital frente a las vidas de miles de millones de personas, que no sólo se mantienen en situación de pobreza o pasan hambre, sino que cada vez ven sus derechos y libertades más reprimidos.



