Contracorriente
Samara Martínez sabe lo que significa vivir con dolor. Durante años enfrentó una enfermedad degenerativa que le arrebató el movimiento, la independencia y hasta el sueño. Pero no le quitó la lucidez. Desde esa silla que se volvió su trinchera, repitió una y otra vez: "La vida sí es un valor supremo, pero ese valor no puede sostenerse cuando deja de ser una vida con dignidad y sin dolor. El punto de quiebre llega cuando la medicina no cura ni alivia, y lo único que queda es sufrimiento. En ese momento, la verdadera defensa de la vida es permitir que cada persona decida hasta dónde quiere seguir, con respeto, amor y compasión."
Su determinación hizo evidente la deuda del Estado mexicano con quienes, como ella, no pueden ya sostener una vida plena. Esa voz fue el origen de la Ley Trasciende, una propuesta que busca reconocer el derecho a morir con dignidad.
La iniciativa fue redactada por Paola Zavala Saeb, abogada y activista, quien acompañó a Samara y convirtió su deseo personal en una causa colectiva. Zavala no solo dio forma jurídica a la propuesta, sino que resolvió los dilemas prácticos que suelen paralizar el debate. Propuso que la decisión se formalice ante notarías públicas —y no ante comités hospitalarios— para garantizar que la voluntad del paciente quede protegida de sesgos institucionales o religiosos.
Además, la iniciativa prevé una salvaguarda crucial: el solicitante debe refrendar su voluntad cinco días después de la petición inicial. "La ventana de esos cinco días es esencial porque hay personas que se sienten tan mal que en ese momento quieren morir, y luego ya no", explica Zavala Saeb.
Hasta hoy, la legislación mexicana se ha quedado corta. Aunque reconoce los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia y la clasifica como "homicidio por piedad".
La vida es un derecho, no una obligación. Penalizar la eutanasia y el suicidio asistido ignora la autonomía del paciente y castiga la compasión de quienes acompañan desde el amor. Obligar a alguien a seguir viviendo entre el dolor y la desesperanza contradice los principios constitucionales de dignidad humana (Artículo 1) y derecho a la salud (Artículo 4).
El llamado a las y los legisladores es de sensibilidad y conciencia. Legislar el final de la vida no es un asunto técnico ni de fe: es un acto de humanidad. Deberían mirar el dolor sin miedo y reconocer que su tarea no es imponer condenas, sino garantizar opciones. Que la ley deje de tutelar el sufrimiento y empiece a proteger la libertad.
Siete de cada diez mexicanos respaldan la legalización de la eutanasia. Más de cien mil firmas en Change.org apoyan la propuesta. La sociedad está lista; el Congreso no.
La Ley Trasciende no se trata de muerte, sino de dignidad. De reconocer que la vida solo vale cuando puede vivirse con libertad y sin dolor. Samara Martínez alzó la voz por quienes ya no pueden hacerlo. Paola Zavala Saeb tradujo esa voz en un camino legal. Ahora la responsabilidad es de quienes legislan.
Morir con dignidad no es renunciar a la vida, sino defender la libertad más radical: la de morir sin agonizar de dolor.
@MaiteAzuela
