Claudia Sheinbaum no es ‘presirvienta’, es tu patrona

México tiene, por primera vez en su historia, una mujer presidenta. Claudia Sheinbaum llegó al cargo tras décadas de exclusión femenina del máximo poder ejecutivo en un país profundamente atravesado por el machismo, el clasismo y la herencia colonial. Es una presidenta de izquierda, con aciertos y desaciertos, que, como cualquier jefa de Gobierno en una democracia, enfrenta críticas legítimas a sus decisiones políticas, a su proyecto político y a su gestión. Pero, además de ese escrutinio normal y sano en cualquier democracia, enfrenta otro tipo de ataque: violencia política de género.

Conviene aclararlo desde el inicio: no toda crítica dura hacia una mujer tomadora de decisiones es violencia política de género. Las servidoras públicas y especialmente quienes gobiernan tienen la obligación de escuchar cuestionamientos severos y reflexionar de manera critica respecto a ellos. Como decimos en el barrio mexicano: si te subes (a la política), te paseas (aguantas la crítica con dignidad). Sin embargo, la violencia política de género aparece cuando los ataques no buscan discutir decisiones sino deslegitimar a una mujer utilizando estereotipos, jerarquías históricas y mandatos de género para anular su autoridad.

En esta columna quiero detenerme en un insulto específico que se ha usado de forma recurrente para referirse a Sheinbaum: presirvienta. No es posible rastrear con precisión quién fue la primera persona que lo pronunció o escribió. Como ocurre con muchos epítetos políticos, su origen es difuso y se pierde en redes sociales, comentarios mediáticos y conversaciones digitales. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que se ha instalado como una forma reiterada de nombrarla, y que su uso no es anecdótico ni inocente. Presirvienta no es una grosería cualquiera: es un dispositivo de violencia política de género interseccionada con el clasismo.

Sheinbaum ha tenido aciertos y errores. Ha tomado decisiones discutibles como cualquier jefa de Gobierno en una democracia. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo extraordinario es cómo se le castiga por mandar. Pareciera que en México cuando una mujer manda, el lenguaje se vuelve un arma. Se afila, se carga de sexismo, se dispara con precisión.

En México, la violencia política de género no siempre llega en forma de amenaza directa o agresión física impulsada por el machismo. Muchas veces llega en palabras. Y no en cualquier palabra, sino en aquellas que cargan siglos de jerarquía. La violencia política de género ocurre cuando una mujer es atacada no por lo que decide, sino por el hecho mismo de ejercer poder siendo mujer. Cuando el objetivo no es discutir políticas públicas, sino negar autoridad, despojar agencia, recordar el lugar.

El término presirvienta no cuestiona una política pública ni una estrategia de gobierno. Lo que hace es negar agencia. Dice que la presidenta no gobierna, que obedece. No decide, ejecuta. No manda, sirve. Y sirve, además, como han servido históricamente las mujeres pobres y feminizadas en América Latina: desde abajo, sin voz, sin autonomía. No es casual que el insulto no sea presiempleada o presisubordinada. Es sirvienta. Una palabra cargada de desprecio clasista, asociada al trabajo doméstico, a la obediencia, a la subordinación femenina.

Desde la definición misma de violencia política de género, reconocida en marcos internacionales y en la legislación latinoamericana, estamos frente a un caso claro: una acción simbólica dirigida contra una mujer impulsada por el machismo, con el objetivo de dañar el ejercicio de su cargo y su legitimidad como autoridad política.

Pero el análisis no se agota ahí. Presirvienta también es violencia interseccional: en el insulto se cruzan misoginia, clasismo y una lógica colonial que asocia el poder con lo masculino, lo blanco y lo patronal y el servicio con lo femenino y lo subalterno.

Este cruce es clave porque el insulto presirvienta no es gratuito: se apoya en el desprecio histórico hacia el trabajo feminizante y subordinado para usarlo como arma política y restarle autoridad a una mujer en el poder. Incluso una presidenta con formación académica, trayectoria científica y un respaldo electoral inédito puede ser “simbólicamente reducida” a través del lenguaje, no llamándola presidenta, sino recordándole de manera clasista y misógina que su mando es puesto en duda, que su autoridad se considera frágil, condicional y fácilmente revocable. La violencia no está en el trabajo al que alude el insulto, sino en su uso para disciplinar a una mujer y sugerir que, aunque gobierne y presida, no se le reconoce plenamente el derecho a mandar.

Como ha señalado Ochy Curiel, todos los hombres están socializados en el machismo, pero no todos se benefician del poder patriarcal. El patriarcado no es una suma de individuos, sino una estructura que distribuye jerarquías, privilegios y desposesiones de manera desigual.

En el caso de las mujeres, esa estructura opera, a veces, de forma inversa: incluso cuando llegan al poder, no se les concede plena legitimidad. Su autoridad no se da por sentada, se pone a prueba constantemente. El insulto machista funciona entonces como una corrección social: no sanciona una decisión política concreta, sino una posición de poder. La violencia no busca necesariamente expulsarla del cargo, sino “degradar” simbólicamente su lugar, bajarla del mando a “la servidumbre”, del gobierno a la obediencia.