Aborto en Tamaulipas: debate pendiente
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En México, la discusión sobre la legalización del aborto tiene una larga y compleja historia. Ya en 1936, la feminista cubana Ofelia Domínguez Navarro propuso una iniciativa de ley al respecto. Décadas después, en 1977, la Coalición de Mujeres Feministas, en colaboración con el Partido Comunista, logró enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con perspectiva de género. No fue sino hasta 2007 que se concretó un avance significativo: la despenalización del aborto en la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), lo que marcó un parteaguas en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres en el país.
Desde entonces, varias entidades federativas se han sumado a esta causa, reformando sus leyes para permitir la interrupción legal del embarazo. Entre los estados que han aprobado dichas reformas se encuentran Ciudad de México, Coahuila, Colima, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo. Michoacán y Jalisco son los más recientes en adoptar esta postura.
En este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desempeñado un papel clave, convirtiéndose en un referente regional e internacional en la defensa de los derechos reproductivos. Así lo ha señalado Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al destacar que las sentencias emitidas por el Alto Tribunal han sentado los estándares jurídicos en la materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha reconocido los avances en este ámbito y ha exhortado a las autoridades a garantizar el ejercicio pleno de la autonomía reproductiva de las mujeres, su derecho a maternidades libres y elegidas, así como el acceso efectivo a sus derechos sexuales y reproductivos.
En este contexto, el 9 de octubre de 2024, el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, junto con 35 organizaciones de la sociedad civil, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto en dicha entidad. El objetivo es fortalecer el marco jurídico que protege y promueve los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Aunque la iniciativa aún está pendiente de resolución por parte del Congreso estatal, existen resoluciones judiciales que, mediante amparos, protegen a las mujeres en Morelos que deciden interrumpir su embarazo, impidiendo que sean penalizadas.
De manera similar, en octubre de 2023, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández presentó ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa para despenalizar el aborto, mediante reformas al Código Penal del estado. Esta propuesta busca garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y a recibir atención médica segura, tanto en instituciones públicas como privadas.
La iniciativa se fundamenta en los criterios establecidos por la SCJN, en particular el emitido el 6 de septiembre de 2023, al resolver una acción de inconstitucionalidad derivada de un amparo en Aguascalientes. En esa resolución, la Corte determinó que criminalizar de forma absoluta el aborto vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el principio de igualdad y no discriminación.
A pesar de estos avances, Tamaulipas enfrenta aún importantes retos en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los logros más recientes en la entidad es la emisión de los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, publicados el 29 de octubre en el Periódico Oficial del Estado. Este acuerdo busca articular acciones a nivel federal, estatal y municipal, en concordancia con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, vigente desde 2015.
La despenalización del aborto en Tamaulipas sigue siendo un tema pendiente en el Congreso local. Esta semana, la diputada Lucero Martínez López retomó el debate, reconociendo que se trata de una asignatura aún sin resolver.
Se espera que la propuesta sea discutida durante el actual periodo legislativo. Sin importar, la postura personal de cada legislador o legisladora, es fundamental considerar la realidad del país: miles de mujeres de escasos recursos recurren a abortos clandestinos, arriesgando su salud y su vida. El debate legislativo debe centrarse en la problemática con base en el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la equidad
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